Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este lunes la concesión de una licencia temporal a la ministra Loretta Ortiz Ahlf por motivos de salud. Según el comunicado oficial emitido por el máximo tribunal, la solicitud fue aprobada bajo la normativa vigente, permitiendo a la integrante del pleno separarse de sus funciones de manera oficial.
El periodo de inactividad de la ministra comprenderá un lapso de dos semanas, con fecha estimada de reincorporación para el próximo 10 de mayo. Este registro administrativo formaliza una ausencia que, de manera extraoficial, se había observado desde el pasado 16 de abril, fecha en la que Ortiz Ahlf dejó de asistir a las sesiones públicas del tribunal.
La SCJN ha optado por mantener bajo reserva los detalles específicos sobre la condición clínica de la ministra. El órgano judicial precisó que la licencia abarca la imposibilidad de participar en las sesiones incluso bajo las modalidades remotas, subrayando que esta medida es estrictamente conforme a las facultades reglamentarias del cuerpo colegiado.
A pesar de la vacancia temporal, la Corte enfatizó que la ministra mantiene su compromiso con las responsabilidades inherentes a su cargo y con la impartición de justicia en el país. Se ha indicado que la reanudación de sus labores está sujeta a la evolución de su estado de salud, con la expectativa de retomar funciones en la fecha señalada.
El Poder Judicial ha garantizado que cualquier modificación en la situación administrativa o de salud de la ministra Ortiz será comunicada a la opinión pública de manera oportuna. Este movimiento administrativo no altera el quórum necesario para las votaciones del Pleno, según los protocolos de operación interna de la institución.
El cargo de ministro de la SCJN exige una presencia constante en la deliberación de proyectos de ley y acciones de inconstitucionalidad. La ausencia de un integrante del pleno durante dos semanas representa un ajuste operativo que el tribunal debe gestionar dentro de sus tiempos procesales establecidos para las próximas sesiones.
La transparencia institucional exige que el proceso de notificación oficial cumpla con los estándares de rigor jurídico. Hasta el momento, la Suprema Corte ha reafirmado que la operación de la sala continuará bajo los plazos programados, minimizando el impacto institucional de esta baja temporal en la agenda judicial.
