Por Bruno Cortés
En el corazón del Poder Legislativo mexicano, la voz de la relatora especial de la ONU, Reem Alsalem, sonó directa y sin rodeos: la violencia contra mujeres y niñas ha llegado a niveles alarmantes en el mundo. No es una exageración ni un discurso diplomático; es, dijo, una alarma encendida que exige decisiones firmes de los gobiernos y también de la sociedad.
Su mensaje se dio durante el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, realizado en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, y encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. Desde ahí, Alsalem dejó claro que no basta con discursos bien intencionados: el problema requiere acciones concretas, presupuesto, leyes eficaces y, sobre todo, voluntad política.
Cuando se le preguntó sobre el impacto global de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, respondió sin sorpresa. Dijo que este tipo de casos solo confirman un fenómeno estructural: redes de poder, dinero e impunidad que permiten abusos sistemáticos contra mujeres y niñas. Para ella, lo importante no es el escándalo mediático, sino entender que detrás hay víctimas y derechos vulnerados.
En términos sencillos, lo que plantea Alsalem es esto: ningún empresario, funcionario o particular puede estar por encima de los derechos humanos. La responsabilidad no es exclusiva de individuos poderosos; también recae en los Estados que fallan al prevenir, investigar y sancionar la violencia. Cuando un gobierno no actúa, el mensaje que se manda es peligroso: que agredir puede salir gratis.
Y aquí entra el terreno de las políticas públicas, que muchas veces suena técnico pero en realidad es algo muy concreto. Hablamos de leyes claras contra la violencia, fiscalías que funcionen, refugios para víctimas, protocolos de investigación con perspectiva de género, educación para prevenir agresiones y presupuestos suficientes para que todo eso no se quede en papel. Si el Estado no asigna recursos y no coordina instituciones, las promesas se diluyen.
Alsalem fue enfática en algo básico pero poderoso: mujeres y niñas tienen exactamente los mismos derechos que hombres y niños. No es un favor ni una concesión; es una obligación legal y moral. Los Estados deben garantizar que puedan vivir con seguridad, dignidad e igualdad, y que cuando denuncien, encuentren justicia.
También habló de un problema que en México y en muchos países se repite: la impunidad. Cuando los agresores no enfrentan consecuencias, la violencia se reproduce. Por eso insistió en que terminar con la impunidad debe ser prioridad. De lo contrario, advirtió, la situación puede empeorar.
Lo que dejó claro en San Lázaro es que la violencia contra mujeres y niñas no es un tema aislado ni exclusivo de un país. Es un reto global que requiere decisiones valientes. Y en un espacio como el Congreso mexicano, donde se diseñan leyes y se aprueban presupuestos, el mensaje tiene un peso especial: la voluntad política no es un discurso, es acción concreta.
