Congreso de EE. UU. señala complicidad de Rubén Rocha Moya con narcoterrorismo
Comité de Asuntos Exteriores advierte rendición de cuentas para gobernador de Sinaloa. Acusación federal revela red de corrupción política.
Información Punzante
Comité de Asuntos Exteriores advierte rendición de cuentas para gobernador de Sinaloa. Acusación federal revela red de corrupción política.
La extorsión es el único delito de alto impacto al alza; subió 4.5% en 2025 con una cifra negra del 97% según la Universidad Iberoamericana.
El reciente recrudecimiento de casos de feminicidio, como los de Edith Guadalupe y una ex reina de belleza, vuelve a evidenciar las fallas estructurales del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en un contexto donde la impunidad y la desigualdad siguen siendo factores determinantes.
La tensión entre el Gobierno de México y organismos internacionales volvió a escalar, pero esta vez con un tema que lleva años acumulando dolor: la desaparición de personas. Luego de que el Estado mexicano rechazara el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, diversas organizaciones civiles salieron a cuestionar con firmeza esa postura, advirtiendo que el problema de fondo no solo sigue vigente, sino que podría agravarse.
La crisis de desaparición forzada en México dio un giro internacional luego de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activara un mecanismo sin precedentes para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. La decisión se basa en indicios de que en el país podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Colectivos afirman que el Ejecutivo exime al Estado de su responsabilidad y premia la ineficiencia fiscal en la crisis de desapariciones.
La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
El año 2025 cerró con una cifra alarmante para la libertad de expresión: 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en el mundo, el número más alto desde que el Comité para la Protección de Periodistas comenzó a documentar estos casos en 1992.
El dato no es menor. Significa que, en promedio, más de dos comunicadores fueron asesinados cada semana por ejercer su trabajo. De acuerdo con el informe del CPJ, 86 de esas muertes ocurrieron en el contexto de la guerra entre Israel y Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos. Más de tres cuartas partes de los asesinatos se registraron en zonas de conflicto.
El reporte subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con cifras récord. La directora ejecutiva del organismo, Jodie Ginsberg, advirtió que los ataques contra la prensa son una señal clara de que otras libertades también están bajo amenaza. Cuando se silencia a periodistas, no solo se apaga una voz: se debilita el derecho de la sociedad a estar informada.
El documento también alerta sobre una tendencia preocupante: el uso creciente de drones como arma letal contra periodistas. Se documentaron 39 casos en 2025, la cifra anual más alta desde que comenzaron varios de los conflictos actuales. En Ucrania fueron asesinados cuatro periodistas; en Sudán, nueve. Aunque las cifras son menores que en Gaza, muestran un aumento respecto al año anterior.
Más inquietante aún es que 47 de los asesinatos fueron catalogados como “deliberados”, directamente vinculados con el trabajo informativo de las víctimas. En ninguno de esos casos se ha responsabilizado a alguien. El informe habla de una “persistente cultura de impunidad”, un patrón que envía un mensaje peligroso: matar periodistas no tiene consecuencias.
México aparece nuevamente en la lista. Al menos seis periodistas fueron asesinados en 2025, pese a contar con un mecanismo federal de protección. El propio informe señala que dicho sistema ha resultado insuficiente. Desde hace una década, el país registra al menos un comunicador asesinado cada año, una constante que mantiene encendidas las alertas sobre la seguridad de la prensa en un contexto marcado por crimen organizado y corrupción.
El reporte también documenta asesinatos en Filipinas y ejecuciones en regímenes autoritarios, como el caso del columnista Turki al-Jasser en Arabia Saudí. El patrón es claro: tanto en guerras abiertas como en países sin conflicto armado, la prensa enfrenta riesgos crecientes.
El CPJ pidió reformas profundas en la investigación de estos crímenes, la creación de un grupo internacional especializado y la imposición de sanciones para garantizar justicia. La organización fue enfática: la seguridad de los periodistas es clave para que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y para sostener las libertades fundamentales.
En un mundo donde la desinformación y la polarización avanzan, el dato de 129 periodistas asesinados no es solo una estadística: es un termómetro del estado de la democracia global.
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En el corazón del Poder Legislativo mexicano, la voz de la relatora especial de la ONU, Reem Alsalem, sonó directa y sin rodeos: la violencia contra mujeres y niñas ha llegado a niveles alarmantes en el mundo. No es una exageración ni un discurso diplomático; es, dijo, una alarma encendida que exige decisiones firmes de los gobiernos y también de la sociedad.
El sector minero nacional expresó su profundo pesar por el asesinato de tres trabajadores privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades una investigación efectiva, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.