Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano hay iniciativas que, aunque suenan duras, buscan responder a problemas muy reales. Es el caso de la diputada Cindy Winkler Trujillo, quien impulsa una reforma para castigar con más severidad a quienes, sabiendo que tienen una enfermedad contagiosa grave, pongan en riesgo la salud de otras personas.
Hoy la ley ya contempla este delito, pero con penas relativamente bajas. Lo que propone la legisladora es subir el castigo a entre tres y cinco años de prisión, además de multas mucho más altas. En pocas palabras, pasar de una sanción que muchas veces queda corta, a una que realmente haga pensar dos veces antes de actuar con irresponsabilidad.
¿De qué estamos hablando exactamente? De situaciones donde una persona sabe que tiene una enfermedad de transmisión —como una infección grave— y aun así decide no tomar precauciones, exponiendo a otros. Aquí la clave es el conocimiento y la intención o negligencia: no es lo mismo no saber, que actuar con plena conciencia del riesgo.
Desde la lógica de política pública, esta iniciativa busca algo muy concreto: prevenir. No se trata solo de castigar después del daño, sino de mandar un mensaje claro para evitar que ocurra. Es lo que en política se llama efecto disuasorio, es decir, que la sanción sea lo suficientemente seria como para frenar conductas peligrosas.
Además, la propuesta abre la puerta a que los jueces puedan ajustar la pena según el caso. No todos los escenarios son iguales: no es lo mismo un acto intencional que uno por descuido grave. Por eso se plantea un rango de castigo, que permita evaluar la gravedad, el daño potencial y hasta la situación económica de la persona al momento de imponer una multa.
Otro punto importante es la protección de personas vulnerables. Niñas, niños, adultos mayores o personas con enfermedades previas son quienes más pueden sufrir las consecuencias de un contagio. En ese sentido, la reforma busca poner un “candado” más fuerte para evitar que estas poblaciones queden expuestas.
En el fondo, esta iniciativa también refleja una lección que dejó la pandemia: la salud pública no es solo un asunto individual. Lo que hace una persona puede afectar a muchas más. Por eso, el Estado busca reforzar reglas que obliguen a actuar con responsabilidad, especialmente en temas sanitarios.
La propuesta ya fue turnada a comisiones, donde se discutirá si este aumento de penas realmente ayuda a reducir riesgos o si hay otras formas más efectivas de prevenir contagios. Pero el mensaje político ya está sobre la mesa: la salud de los demás no puede depender solo de la buena voluntad.
Así, más allá del debate jurídico, lo que se intenta es construir una cultura donde cuidar a otros también tenga consecuencias legales claras cuando no se hace.
