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La discusión sobre lo que pasa dentro del deporte mexicano dejó de ser incómoda y empezó a tomar forma en el Congreso. La diputada Xóchitl Zagal Ramírez puso sobre la mesa algo que por años se ha normalizado: la violencia contra atletas, desde categorías infantiles hasta alto rendimiento, y la necesidad de llevar estos casos al Código Penal Federal.
En la Cámara de Diputados se está moviendo una iniciativa que toca un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene impacto directo en la vida diaria: el manejo de sustancias peligrosas. El diputado del PVEM, Mario Alberto López Hernández, quiere endurecer las reglas del juego para quienes contaminan o manejan estos materiales sin control.
En el Congreso mexicano hay iniciativas que, aunque suenan duras, buscan responder a problemas muy reales. Es el caso de la diputada Cindy Winkler Trujillo, quien impulsa una reforma para castigar con más severidad a quienes, sabiendo que tienen una enfermedad contagiosa grave, pongan en riesgo la salud de otras personas.
En medio de un debate que toca fibras sensibles en todo el país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso sobre la mesa un tema que va más allá de colores partidistas: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del narcotráfico.
En el aniversario de la Constitución de 1917, el diputado Jaime López Vela, de Morena, puso sobre la mesa un tema que rara vez se explica con claridad: cómo las leyes pueden proteger o, al contrario, lastimar a personas concretas en su vida diaria. Desde el Congreso, explicó que en la actual Legislatura se trabajan reformas para reconocer en la Constitución los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+, algo que, dicho en sencillo, significa dejar claro en la ley máxima del país que estas personas tienen los mismos derechos y merecen la misma protección que cualquier otra.
En el Congreso de la Unión se abrió un debate que, aunque suena técnico, toca uno de los temas más sensibles del país: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con un objetivo claro y contundente: cambiar el lenguaje de la ley para que deje de suavizar delitos que, en realidad, son formas extremas de explotación y violencia.
En la Cámara de Diputados volvió a ponerse sobre la mesa uno de los temas más sensibles y debatidos de la agenda pública: el aborto. La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que busca eliminar el delito de aborto del ámbito federal, es decir, dejar de tratarlo como un crimen en el Código Penal Federal. En términos prácticos, la propuesta plantea derogar los artículos del 329 al 334, que hoy permiten la persecución penal de las personas gestantes.
En San Lázaro se está cocinando una discusión que toca una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, puso el tema sobre la mesa al informar que las dos iniciativas que presentó para tipificar este delito ya fueron enviadas a la Comisión de Justicia, porque implican cambios directos al Código Penal Federal. La idea, dice, es clara: que a partir de enero de 2026 México tenga una figura legal específica para castigar a quienes obligan, engañan o presionan a jóvenes —muchos de ellos menores de edad— a formar parte de organizaciones criminales.
En el Congreso se abrió un debate que va más allá de cifras y tecnicismos legales: cómo frenar una de las caras más crueles de la violencia en México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con penas de entre 10 y 30 años de prisión a quien cometa este delito.
El Senado dio un paso firme para cerrar vacíos legales y homologar la forma en que México enfrenta el abuso sexual. Con 97 votos a favor y ninguno en contra, las y los senadores aprobaron una reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, una iniciativa que tomó impulso tras la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo. El mensaje político fue claro: este delito no debe quedar a interpretación ni depender de trámites burocráticos para ser perseguido.
