Por Bruno Cortés
En el Congreso se está moviendo una pieza clave que, aunque suena técnica, tiene impacto directo en la vida diaria de millones de personas: cómo se combate la corrupción en México. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, puso sobre la mesa la magnitud de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una cirugía mayor que busca dejar atrás un modelo burocrático, caro y poco efectivo, para pasar a uno más simple, directo y con resultados.
La iniciativa, impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, no es una ocurrencia aislada. Forma parte del mandato político que recibió la llamada Cuarta Transformación y del Plan C de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea profundizar los cambios en la vida pública del país. En palabras simples: no se trata solo de ajustar leyes, sino de cambiar la manera en la que el Estado se organiza para vigilarse a sí mismo y evitar que el dinero público termine donde no debe.
Mejía Berdeja explicó que este rediseño no se hará al vapor. La propuesta será sometida a análisis técnico y discusión pública, con especialistas y organizaciones ciudadanas, porque el problema de la corrupción no se resuelve con discursos, sino con instituciones que funcionen. Prueba de ello es que el Congreso ya acumula cerca de 70 iniciativas relacionadas con el SNA, provenientes de distintos partidos, además de las que enviará el Poder Ejecutivo.
El fondo de la reforma apunta a algo que cualquier ciudadano entiende: menos trámites inútiles, menos oficinas duplicadas y menos cargos que no sirven para nada. La idea es simplificar la administración pública, reorganizar quién hace qué en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y evitar que varias dependencias hagan lo mismo sin coordinarse. Todo esto, además, tiene un impacto económico directo: gastar menos en burocracia y más en políticas que sí lleguen a la gente.
En ese contexto se concretó una de las decisiones más polémicas: la extinción del Inai. Para Mejía Berdeja, esto significó eliminar privilegios que no estaban ayudando realmente a combatir la corrupción y que, en cambio, costaban caro. El cálculo es claro: un ahorro cercano a mil millones de pesos en gasto burocrático, recursos que ahora pueden destinarse a otras prioridades públicas.
Pero la reforma no se queda en el rediseño administrativo. Vania Pérez Morales, presidenta del SNA, fue directa: combatir la corrupción no puede ser una política de gobierno sexenal, tiene que ser una política de Estado, que atraviese todas las áreas y niveles. Y el reto es enorme. La corrupción, dijo, ya no es solo un problema interno: cruza fronteras, financia al crimen organizado, se filtra en campañas electorales, en negocios ilegales y en grandes escándalos que han marcado al país, como Odebrecht, Segalmex o el huachicol fiscal.
El diagnóstico es crudo. De acuerdo con datos del Inegi, los niveles de corrupción en el sector seguridad llegan hasta 86.7 por ciento, lo que explica por qué la impunidad y la falta de justicia siguen siendo una constante. Cuando la corrupción se mete en policías, fiscalías y tribunales, el Estado pierde fuerza y la ciudadanía pierde confianza.
Por eso, Pérez Morales planteó que la reforma al SNA debe ir acompañada de otros cambios legales que cierren la puerta a los privilegios, como el uso indebido del fuero, y que fortalezcan de verdad el Estado de derecho. La corrupción, advirtió, no solo daña las finanzas públicas, también pone en riesgo la estabilidad económica y democrática del país.
La hoja de ruta ya está trazada. La propuesta contempla 15 grandes líneas estratégicas, que van desde rediseñar la política nacional anticorrupción, fortalecer la participación ciudadana y darle mayor autoridad al Comité de Participación Ciudadana, hasta mejorar la Plataforma Digital Nacional, imponer sanciones a autoridades que no cumplan la ley y establecer mecanismos para recuperar el dinero robado por actos de corrupción. Todo bajo un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente.
En pocas palabras, lo que se discute en el Congreso es si México sigue combatiendo la corrupción con estructuras pesadas y simulación, o si da el paso hacia un sistema más ágil, con menos pretextos y más resultados. El reto no es menor, pero el mensaje político es claro: la limpieza empieza desde adentro del propio Estado.
