Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados volvió a ponerse sobre la mesa uno de los temas más sensibles y debatidos de la agenda pública: el aborto. La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que busca eliminar el delito de aborto del ámbito federal, es decir, dejar de tratarlo como un crimen en el Código Penal Federal. En términos prácticos, la propuesta plantea derogar los artículos del 329 al 334, que hoy permiten la persecución penal de las personas gestantes.
Dicho en palabras sencillas, lo que la legisladora propone es que el Estado deje de castigar penalmente una decisión que, argumenta, forma parte de los derechos humanos. En la exposición de motivos lo deja claro: la intención es evitar que las mujeres enfrenten procesos judiciales por ejercer su derecho a decidir y, al mismo tiempo, contribuir a reducir los embarazos no deseados desde una lógica de salud pública, no de castigo.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia y parte de una idea central: penalizar el aborto no ha resuelto el problema, sino que ha generado otros más graves. Según el planteamiento, mantenerlo como delito alimenta la maternidad forzada, provoca daños físicos y psicológicos y limita el acceso a servicios de salud reproductiva seguros, especialmente para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El texto también pone el foco en un fenómeno que suele quedar fuera del debate político: la estigmatización histórica del aborto en México. Esta carga social, señala la diputada, se traduce en discriminación estructural contra las mujeres y en la vulneración de sus derechos humanos. El problema se agrava cuando se habla de embarazo adolescente, un tema que tiene implicaciones directas en la salud, la educación y el futuro económico de miles de jóvenes. Para Rojo Pimentel, aquí es donde las políticas públicas deben cambiar de rumbo y concentrarse en prevención, educación sexual integral y acceso real a servicios de salud.
Otro punto clave es el riesgo que implica la clandestinidad. La penalización ha llevado a muchas mujeres a recurrir a procedimientos inseguros, poniendo en peligro su vida. Desde esta perspectiva, el papel del Estado no debería ser castigar, sino garantizar derechos básicos como la salud, la información y la seguridad jurídica. Es un cambio de enfoque: pasar de la lógica penal a la lógica de derechos.
La iniciativa también se apoya en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional criminalizar el aborto y ha establecido que ninguna persona gestante debe ser procesada penalmente por esta causa. En otras palabras, la propuesta busca alinear la ley federal con lo que ya ha dicho el máximo tribunal del país.
Para la diputada, el fondo del debate es claro: la interrupción del embarazo debe entenderse como un derecho y no como un delito. Mantener barreras legales, advierte, solo perpetúa desigualdades sociales, económicas y de género. La decisión, insiste, debe recaer en la persona gestante, bajo principios de igualdad y no discriminación, sin que su autonomía reproductiva se convierta en un obstáculo para su desarrollo personal.
En el cierre de su argumentación, Rojo Pimentel introduce un elemento que suele quedar invisibilizado: la pobreza. La carga moral y social que enfrentan las mujeres que deciden abortar se intensifica cuando hay falta de oportunidades educativas, laborales y de protección social. Por eso, sostiene, penalizar el aborto no solo es injusto, sino que profundiza las brechas existentes. El debate ahora está en manos del Congreso, donde se decidirá si el Estado sigue castigando o comienza a garantizar derechos.
