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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este martes 16 de diciembre de 2025 al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
El Congreso de la Ciudad de México avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica que fortalecen la definición, sanción y persecución de delitos como abuso sexual, acoso y violencia familiar, con el objetivo de cerrar brechas de impunidad y ampliar la protección a mujeres y víctimas en contextos de pareja y familia.
La procuración de justicia en México entró en una nueva etapa de alineación institucional. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales reforzaron su compromiso de trabajar juntas frente a los desafíos de seguridad del país. En ese contexto, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, participó en la LIII Asamblea Plenaria 2025 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un espacio clave para definir estrategias comunes.
La primera gran aparición de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República no fue discreta. Al contrario, llegó con un acuerdo que puede cambiar la manera en que México entiende y rastrea la violencia: la aprobación, por parte de fiscalías de todo el país, del Registro Criminal de Armas de Fuego, un sistema que permitirá saber de dónde vienen, por dónde pasan y en qué delitos están involucradas las armas que circulan en territorio nacional.
Clara Brugada presentó un paquete de reformas para fortalecer sanciones y prevenir violencias contra mujeres en la Ciudad de México.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprovechó el escenario para presentar la versión actualizada del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, un documento que baja a tierra uno de los compromisos centrales de la política exterior de México: proteger a quienes viven fuera del país, especialmente a mujeres y niñas que enfrentan entornos hostiles.
El Gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional para unificar la definición y las sanciones del delito de abuso sexual en los 32 estados del país, luego del episodio reciente en el que la presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada durante una caminata en el Centro Histórico. La medida, presentada como un eje central de la política contra la violencia hacia las mujeres, busca que todas las entidades adopten la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal y actúen bajo los mismos criterios para prevenir, denunciar y castigar este delito.
La ONU volvió a encender las alarmas sobre una realidad que, aunque repetida, no deja de ser devastadora: el machismo está presente en al menos el 60% de los asesinatos de mujeres en el mundo. Según un nuevo informe de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 por sus parejas o familiares, lo que confirma que el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para ellas.
Este martes 25 de noviembre, la Ciudad de México se prepara para una jornada intensa de movilizaciones que podrían generar un impacto importante en la movilidad urbana. Se celebran actos conmemorativos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que ha convocado a múltiples colectivos feministas para marchas y bloqueos en puntos estratégicos de la capital.
En el marco de la marcha de mujeres de este 25 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una campaña masiva contra la violencia de género y un paquete de reformas legales para fortalecer la protección de niñas y mujeres en la Ciudad de México.
