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En San Lázaro empezó a moverse una idea que muchos papás y mamás ya comentan en casa, pero que ahora busca respaldo en la ley. El diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde, puso sobre la mesa una iniciativa para que el Estado mexicano se tome en serio un problema cada vez más visible: el uso excesivo de pantallas entre niñas, niños y adolescentes y sus efectos en la salud.
En la Cámara de Diputados no solo se discuten grandes reformas económicas; también llegan iniciativas que parten de una realidad cotidiana que millones de personas viven todos los días. Ese es el caso de la propuesta de la diputada Verónica Pérez Herrera, del PAN, quien plantea modificar la Ley Federal del Trabajo para que las madres trabajadoras puedan acceder al teletrabajo entre uno y tres días, cuando exista una causa justificada relacionada con la atención de sus hijas o hijos, ya sea por motivos escolares o de salud.
En el Congreso no todo gira alrededor de impuestos, elecciones o pleitos partidistas. A veces, las propuestas apuntan a cambios de fondo que buscan transformar la forma en la que crecemos como sociedad. Ese es el caso de la iniciativa presentada por el diputado José Antonio López Ruiz, del Partido del Trabajo, quien puso sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: que las artes dejen de ser un “extra” y se conviertan en un derecho garantizado dentro de la educación básica y media superior.
Cuando se habla de política internacional suele pensarse en presidentes, cancilleres y tratados lejanos, pero también hay diputadas y diputados que salen del recinto legislativo para defender causas que impactan directamente en la vida cotidiana. Ese fue el caso de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, quien presentó su informe de actividades tras participar en el 69 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.
En el Congreso se empezó a mover una idea que, dicho en sencillo, busca cambiar la cancha donde hoy juegan miles de jóvenes en México. La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa para que el deporte deje de verse solo como recreación o competencia y se convierta en una política pública clave para prevenir la violencia, la delincuencia y las adicciones entre niñas, niños y jóvenes.
Imagina que te atrasas en un pago, te aprietas el cinturón, juntas el dinero y finalmente liquidas tu deuda. Respiras tranquilo… pero el sistema no. Aun cuando ya cumpliste, tu nombre puede seguir manchado durante años en los burós de crédito, como si nunca hubieras pagado. Justo contra esa lógica va una iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados y que podría cambiarle la vida financiera a millones de personas.
En la política mexicana, no siempre las historias avanzan rápido, y menos cuando se trata de derechos laborales. Pero a veces, la constancia rinde frutos. Eso fue lo que ocurrió con el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca, que después de nueve años de tocar puertas, finalmente obtuvo su toma de nota, es decir, el reconocimiento legal que les permite existir formalmente y defenderse como trabajadores.
En el Congreso no todo se discute con números fríos o discursos acartonados. A veces, la política baja a la cancha, se pone tenis y habla de algo tan cotidiano como lanzar un balón al aro. Así ocurrió cuando el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, puso sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: el deporte, y en particular el básquetbol, puede cambiar la vida de niñas, niños y jóvenes en México.
En San Lázaro se está cocinando una discusión que toca una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, puso el tema sobre la mesa al informar que las dos iniciativas que presentó para tipificar este delito ya fueron enviadas a la Comisión de Justicia, porque implican cambios directos al Código Penal Federal. La idea, dice, es clara: que a partir de enero de 2026 México tenga una figura legal específica para castigar a quienes obligan, engañan o presionan a jóvenes —muchos de ellos menores de edad— a formar parte de organizaciones criminales.
En el Congreso se abrió un debate que va más allá de cifras y tecnicismos legales: cómo frenar una de las caras más crueles de la violencia en México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con penas de entre 10 y 30 años de prisión a quien cometa este delito.
