Información Punzante
La violencia en Sinaloa encendió las alertas internacionales. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el estado y por la estrategia que se ha utilizado para enfrentarla: una creciente militarización que, advierte, no ha dado resultados y sí ha provocado violaciones a derechos humanos.
Rubén Moreira, diputado del PRI y uno de los políticos más críticos dentro del Congreso, no se guardó nada. Dijo que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, debe renunciar tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre. Según Moreira, la renuncia no solo sería un acto de responsabilidad, sino también el fin de lo que llamó “insensibilidad y frivolidad” de un gobernador que, a su juicio, prefiere las obras populares y el discurso bonito antes que enfrentar la violencia que desborda al estado.
La política mexicana suele sonar como un enredo de artículos, comisiones y dictámenes que parecen lejanos a la vida cotidiana, pero lo que pasó en la Cámara de Diputados pinta para tener efectos concretos en la manera en que se controla la seguridad pública del país. Resulta que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, aprobó con mayoría clara una reforma que busca modificar los artículos 76 y 78 de la Constitución. ¿La idea central? Que el Senado de la República —y en su caso la Comisión Permanente— tenga que ratificar los ascensos de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional, tal como ya ocurre con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
