Información Punzante
En San Lázaro comenzó a moverse una de las piezas más importantes —y más incomprendidas— del engranaje público: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para decirlo sin tecnicismos, lo que se está planteando es volver a armar el sistema que se encarga de vigilar al gobierno, coordinar a las autoridades y evitar que el dinero público se pierda entre trámites, corrupción e impunidad.
En el Congreso mexicano comenzó una de esas conversaciones que, si se concretan, podrían cambiar la manera en que se gobierna el país. Durante el foro “Construyendo una administración pública para los nuevos tiempos”, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lanzó una invitación abierta: sentarse todos —partidos, sectores sociales, expertos y ciudadanos— a repensar cómo debería funcionar el gobierno para que sirva mejor y sea más transparente.
En el Congreso mexicano se está cocinando un tema que preocupa a legisladores de oposición, especialistas y ciudadanos por igual: la reforma a la Ley de Amparo. Diputados del PAN y PRI alertan que el oficialismo busca aprobar la minuta de manera exprés, con audiencias públicas adelantadas para viernes, sábado y lunes, sin un debate profundo ni la participación de expertos y sociedad civil como se había acordado en Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. Lo que en teoría debería ser un espacio de discusión abierta y transparente, para revisar cómo estas reformas afectan la protección de los ciudadanos, se percibe como un “albazo” legislativo, es decir, un intento de aprobar algo sin darle el tiempo ni la atención que merece.
