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La tensión en el campo mexicano vuelve a colocarse sobre la mesa del Gobierno federal. Este martes 16 de diciembre de 2025, agricultores de distintas regiones del país tienen programada una nueva reunión con funcionarios del Gobierno de México, con la intención de destrabar conflictos que arrastran desde hace meses y, sobre todo, evitar una nueva ola de bloqueos carreteros que podría comenzar en las próximas horas.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las recientes acusaciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien aseguró que México ha incumplido el Tratado de Aguas de 1944 y amagó con imponer un aumento del 5% a los aranceles si no se regulariza el envío del líquido. Lejos de escalar la tensión, Sheinbaum insistió en que México está actuando conforme a lo establecido en el acuerdo binacional y que su gobierno mantiene negociaciones activas para aclarar el tema.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, salió hoy con una sonrisa que decía más que cualquier discurso: la reforma a la Ley General de Aguas, una de las cartas fuertes del gobierno de Claudia Sheinbaum, finalmente pasó por ambas cámaras del Congreso. Fue una victoria política que no llegó gratis. Hubo protestas de agricultores, discusiones que dividieron posturas y una sesión en la Cámara de Diputados que se extendió más de 24 horas, como esas maratones legislativas que solo detonan cuando hay mucho en juego.
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
Una nutrida caravana de agricultores provenientes de al menos seis estados del país, compuesta por más de 100 tractores, arribó…
En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
En San Lázaro volvió a encenderse la conversación sobre algo que todos usamos diario pero pocos discutimos a fondo: el agua. Y esta vez, la voz que sonó fuerte fue la de la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que la nueva iniciativa de ley hídrica —tal como está escrita hoy— podría pegarle de lleno a quienes trabajan la tierra, es decir, a quienes producen lo que nos llevamos al plato.
En el Congreso la discusión sobre la nueva Ley de Aguas agarró ritmo, pero también llegó con una advertencia clara desde el campo: “si no nos escuchan, no nos movemos”. Así lo resumió Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien anda de reunión en reunión con diputados de prácticamente todas las bancadas para que la ley no se cocine desde la oficina, sino desde la realidad que se vive en los ejidos, los distritos de riego y las comunidades agrícolas de todo el país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó los recientes bloqueos carreteros encabezados por agricultores y transportistas, al asegurar que no existe razón para cerrar vías federales cuando, dijo, el gobierno mantiene abiertas mesas de diálogo sobre seguridad, asuntos agrícolas y la nueva Ley General de Aguas.
Diversos grupos de transportistas y agricultores instalaron este lunes bloqueos en carreteras federales y estatales, en protesta por lo que describen como un “abandono institucional” y por el aumento constante en los costos de operación.
