Por Juan Pablo Ojeda
Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la decisión de devolver las camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, luego de la polémica que generó su compra. En un video difundido en redes sociales, la senadora acusó que la medida no responde a convicción, sino a la presión pública, y lanzó una frase directa: ahora que los exhibieron, dicen que no las van a usar, y pidió que no se disfrace de austeridad lo que, dijo, fue un exceso.
Gálvez también puso el foco en la falta de transparencia dentro del Poder Judicial y cuestionó cuántas decisiones similares se habrán tomado sin que la ciudadanía se enterara. Sus señalamientos se dieron en medio de una discusión más amplia sobre los gastos de la Corte y la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas internas.
La compra de nueve camionetas blindadas de lujo para uso de ministros detonó críticas sociales y políticas, al considerarse contradictoria con la narrativa de contención del gasto público. Ante la presión, los ministros optaron por no utilizar los vehículos y plantearon su devolución o reasignación a jueces que enfrenten riesgos mayores. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la austeridad no debe ser simbólica y que la seguridad no implica necesariamente lujo.
A la controversia se sumó la adquisición de 12 togas por casi 300 mil pesos durante 2025. Aunque Aguilar Ortiz había declarado que no usaría toga, el máximo tribunal decidió conservar esta prenda para ceremonias y sesiones ordinarias. Cada toga tuvo un costo de entre 22 mil y 26 mil pesos, y algunas ministras continuaron usando las que ya tenían.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la nueva integración de la Corte. Durante su conferencia matutina, contrastó los beneficios de ministros anteriores con los actuales y señaló que antes percibían sueldos superiores a los 206 mil pesos mensuales, además de seguros médicos privados y otras prestaciones que ya fueron eliminadas. Detalló que el gasto en apoyos como medicinas y alimentos pasó de más de 11 millones de pesos en 2023 a apenas 200 mil pesos proyectados para 2026, y que decenas de apoyos administrativos ya fueron cancelados.
Para el gobierno federal, estas medidas buscan alinear al Poder Judicial con los principios de austeridad y transparencia, mientras que para sus críticos, el debate revela que aún persisten inercias difíciles de erradicar en la cúpula judicial.
