Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno de Venezuela confirmó este jueves la liberación de un “número importante” de personas privadas de la libertad, entre ellas ciudadanos venezolanos y extranjeros, en un movimiento que las autoridades presentaron como un gesto político para abrir paso a la paz en medio de un contexto de alta tensión interna e internacional. El anuncio fue hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que los procesos de excarcelación ya comenzaron y se están realizando de manera inmediata.
Rodríguez explicó que esta decisión responde a una “amplia intención de búsqueda de la paz” y no a negociaciones con sectores que el oficialismo considera radicales. Según dijo, el gobierno solo mantiene comunicación con instituciones políticas, partidos y organizaciones que se apeguen a lo establecido en la Constitución venezolana, dejando fuera a líderes opositores a los que acusa de romper con la vía institucional.
En su mensaje, el jefe del Parlamento agradeció el acompañamiento de actores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como el respaldo del Estado de Qatar, al señalar que atendieron el llamado del Ejecutivo venezolano para facilitar este gesto. Aun así, subrayó que las liberaciones son una decisión unilateral del gobierno y no el resultado de un acuerdo político formal.
El anuncio ocurre apenas días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que desató presiones de organizaciones no gubernamentales y de sectores opositores para la liberación de presos considerados políticos. De acuerdo con cifras difundidas por organizaciones civiles, en Venezuela aún permanecen cientos de personas encarceladas por motivos políticos, aunque el gobierno sostiene que se trata de personas procesadas por delitos graves.
Desde la óptica política, la liberación de presos busca enviar una señal de distensión y control institucional en un momento delicado para el país. Para el oficialismo, se trata de un aporte a la estabilidad y a la vida pacífica de la república; para críticos y observadores, será clave conocer cuántas personas recuperan su libertad y bajo qué condiciones, así como si este gesto se traduce en cambios más profundos en la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
