Por Juan Pablo Ojeda
A un año de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump ha llevado el poder presidencial en Estados Unidos a un terreno inexplorado. Con un Congreso dominado por aliados republicanos y un gabinete alineado sin matices, el mandatario ha gobernado a golpe de decreto, ampliando los márgenes del Ejecutivo y reduciendo los contrapesos que tradicionalmente equilibran el sistema político estadounidense.
En este segundo mandato, Trump ha dejado claro que no piensa esperar al Legislativo. En apenas un año ha firmado más de 200 órdenes ejecutivas con las que ha modificado políticas migratorias, comerciales y de seguridad nacional. Desde el primer día suspendió programas de refugio, endureció controles migratorios y concentró en la Casa Blanca decisiones que antes requerían acuerdos más amplios. También ordenó recortes profundos al gobierno federal y prácticamente desmanteló la ayuda exterior, todo sin pasar por el Congreso.
El uso de los poderes de emergencia se ha convertido en una de sus principales herramientas. Bajo el argumento de frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo, Trump declaró emergencias nacionales que le permitieron imponer aranceles a importaciones de Canadá y México, y escalar su guerra comercial con otros socios. Estas medidas, sustentadas en leyes pensadas para situaciones excepcionales, han sido impugnadas en tribunales y algunas ya llegaron a la Corte Suprema, que deberá definir hasta dónde puede llegar el presidente sin autorización legislativa.
En materia militar, el giro ha sido aún más delicado. Trump ha ordenado operaciones armadas sin notificar previamente al Congreso, rompiendo prácticas que se habían vuelto habituales incluso en gobiernos republicanos. Ataques contra embarcaciones ligadas al narcotráfico, bombardeos en regiones estratégicas y acciones sorpresivas en el extranjero han encendido alarmas entre legisladores demócratas, que acusan al presidente de rebasar sus facultades de guerra y debilitar el control civil y legislativo sobre el uso de la fuerza.
Pese a estas críticas, el Congreso ha mostrado una resistencia limitada. La mayoría republicana ha bloqueado intentos de supervisión más estricta y ha evitado reformas para acotar el uso de emergencias y decretos. Solo de manera aislada han surgido voces incómodas, incluso dentro del propio partido de Trump, sobre el gasto público o la falta de información en operaciones internacionales, pero sin fuerza suficiente para frenar la expansión del Ejecutivo.
Desde la perspectiva mexicana, este reacomodo del poder en Washington no es un asunto lejano. Las decisiones unilaterales de Trump en comercio, migración y seguridad impactan directamente en la relación bilateral. Un presidente con más poder y menos contrapesos redefine no solo la política interna de Estados Unidos, sino también el margen de maniobra de sus socios, incluido México.
Lo que está en juego no es solo el estilo de gobierno de Trump, sino el equilibrio institucional de la democracia estadounidense y su efecto en la política regional. El desenlace dependerá de si los tribunales y el propio Congreso están dispuestos, tarde o temprano, a poner límites reales al poder presidencial.
