Por Juan Pablo Ojeda
En medio de señalamientos de la oposición sobre un supuesto autoritarismo en el actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por mirar hacia atrás y poner el reflector en la historia política reciente del país. Desde su conferencia, recordó que México vivió durante décadas bajo lo que se conoció como el “Partido de Estado”, una estructura encabezada por el PRI que concentraba el poder político, sindical y electoral, y que, aunque impulsó derechos sociales, también cerró la puerta a la disidencia y a la democracia interna.
Sheinbaum explicó que ese modelo autoritario alcanzó su punto más alto con la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, pero que la persecución política ya se ejercía antes contra maestros, sindicatos y organizaciones que buscaban mayor democracia. A partir de los años setenta, recordó, comenzaron aperturas parciales, como el registro de partidos pequeños y la introducción de diputados plurinominales, aunque la represión siguió presente. Enfatizó que estas reformas no fueron concesiones del poder, sino resultado de una presión social constante.
La mandataria ubicó en los años ochenta otro quiebre clave: el inicio del modelo neoliberal y el conflicto electoral de 1988, cuando una parte del PRI rompió con el “dedazo” y dio pie a una larga cadena de movilizaciones contra el fraude electoral. De ese proceso surgieron nuevas fuerzas políticas y, con el paso de los años, el PRD, hasta llegar —según su lectura— a Morena como heredero de esas luchas democráticas.
En ese recorrido histórico, Sheinbaum retomó uno de los episodios más tensos de la política contemporánea: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004 y 2005, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Recordó que aquel proceso no fue solo jurídico, sino profundamente político. Aunque la acusación se centró en un presunto desacato judicial por el caso del predio El Encino, el debate se dio más en el terreno del poder que en el del derecho.
El procedimiento de desafuero, activado por la Cámara de Diputados, no juzgaba culpabilidad, sino si había condiciones para procesar penalmente a un funcionario. Sin embargo, el caso evidenció contradicciones legales, tensiones entre poderes y un debate de fondo sobre la presunción de inocencia y la suspensión de derechos políticos. Finalmente, fue una decisión política del entonces presidente Vicente Fox la que cerró el caso, al instruir que no se ejerciera acción penal contra López Obrador.
Para Sheinbaum, ese episodio y toda la historia previa explican por qué hoy se habla de autoritarismo sin mirar el pasado. Su mensaje fue claro: las actuales disputas políticas no se entienden sin el largo camino de movilización social, conflictos electorales y choques entre poder y derecho que marcaron la transición democrática en México.
