Por Juan Pablo Ojeda
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles de los últimos días: la muerte de varias mujeres que formaban parte de la Guardia Nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que no habrá carpetas cerradas a medias ni explicaciones a conveniencia, y que los casos deben revisarse a fondo.
Sheinbaum se refirió a tres situaciones que han generado preocupación pública. El asesinato de Stephania Carmona Rojas, de apenas 20 años, ocurrido en octubre dentro del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco; la muerte de Sherlyn Manzanares, de 23 años, reportada oficialmente como un accidente de motocicleta; y el caso de Dalila Acosta, de 28 años, encontrada con un disparo en el rostro, cuya versión inicial apunta a un suicidio que aún no ha sido plenamente acreditado.
La presidenta subrayó que el primer paso es revisar cada caso de manera individual y con rigor. Enfatizó que el principio que debe guiar las investigaciones es claro: cero impunidad. Para ello, explicó, es necesario transparentar cómo actúan las Fuerzas Armadas cuando se presenta un posible delito, ya sea contra civiles o contra integrantes de sus propias filas.
Sheinbaum reconoció que dentro de las Fuerzas Armadas existen áreas dedicadas a la atención y acompañamiento de las mujeres, pero adelantó que estas instancias serán reforzadas en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Destacó que este trabajo se hará con una perspectiva de derechos humanos y de género, y con funcionarios que, dijo, tienen sensibilidad frente a estos temas.
La mandataria también aclaró que cuando un integrante de las Fuerzas Armadas comete un delito, el caso no se queda únicamente en el ámbito militar. Además de los procesos internos, intervienen las fiscalías civiles, ya sea las estatales o la Fiscalía General de la República, dependiendo de las circunstancias.
Finalmente, Sheinbaum asumió el compromiso de dar seguimiento personal a estos casos, con el objetivo de informar tanto a las familias de las víctimas como a la ciudadanía sobre lo ocurrido. El mensaje fue directo: las muertes de mujeres en corporaciones de seguridad no pueden normalizarse ni resolverse con versiones incompletas; deben investigarse con seriedad y con justicia.
