La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia durante una conferencia en Palacio Nacional este 9 de noviembre. El anuncio se produce una semana después del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, ocurrido en una plaza pública durante las celebraciones del Día de Muertos. Sheinbaum enfatizó que la iniciativa busca construir paz mediante coordinación federal y estatal, sin regresar a estrategias pasadas de confrontación directa.
El plan se estructura en tres ejes principales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En el eje de seguridad, se prevé el reforzamiento de la Guardia Nacional en municipios clave como Uruapan, junto con operaciones conjuntas contra homicidios y extorsiones. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que incluye atención a causas de la violencia, apoyo a policías locales y fortalecimiento de inteligencia para detener a delincuentes.
En el desarrollo económico, el plan contempla medidas para garantizar salarios justos y seguridad social a jornaleros agrícolas, así como la creación de polos de bienestar en colaboración con productores locales. Estas acciones apuntan a mitigar impactos de la extorsión en sectores vulnerables, como la agricultura, que representa una parte significativa de la economía michoacana con exportaciones anuales de aguacate superiores a los 2 mil millones de dólares según datos de la Secretaría de Economía.
El tercer eje, educación y cultura, incorpora escuelas de culturas de paz, campañas estatales como «Recuperemos Michoacán» y becas para transporte universitario. También se planean centros comunitarios de deporte, centros regionales de cultura y memoria, y programas como «Arte y Territorio» para fomentar valores pacíficos entre jóvenes, con participación de iglesias y comunidades.
El asesinato de Manzo ocurrió cuando recibió siete disparos en presencia de decenas de personas en la plaza principal de Uruapan. Manzo, quien había roto con Morena y ganado como independiente, era conocido por criticar abiertamente al crimen organizado y abogar por confrontaciones directas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán reporta avances en la investigación, aunque no se han revelado detalles sobre responsables.
El homicidio desencadenó protestas en Morelia y Uruapan, con miles de manifestantes exigiendo justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En Morelia, grupos lanzaron bombas caseras contra edificios gubernamentales, mientras en Uruapan marcharon hasta 100 mil personas según estimaciones locales. Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, asumió como alcaldesa interina y solicitó mayor protección federal.
Sheinbaum rechazó comparaciones con la «guerra contra el narco» de administraciones anteriores, argumentando que aquellas incrementaron la violencia en un 200 por ciento según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cambio, el plan prioriza inteligencia, presencia federal y respeto a la vida, con visitas programadas de secretarios como García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo a Morelia y Uruapan para supervisar implementación.
Opositores, incluyendo diputados del PAN como Elías Lixa, criticaron la falta de presupuesto específico en el gasto federal de 2026 para el plan, señalando recortes en áreas de seguridad. Sheinbaum respondió que el enfoque es en justicia y desarrollo, no en confrontación, y convocó a sectores productivos, sociales y eclesiásticos para refinar acciones en una semana.
Michoacán ha registrado más de 1,500 homicidios en 2025 hasta octubre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con disputas entre cárteles como Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios. El plan incluye una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y mesas de seguridad quincenales, con énfasis en sistemas de alerta para alcaldes y líneas anónimas contra extorsión.
Expertos en seguridad ven similitudes con estrategias previas como el Plan Michoacán de Enrique Peña Nieto, que no redujeron la violencia de manera sostenida. Sin embargo, el actual incorpora elementos sociales como inversión en infraestructura rural y red de casas de cultura seguras para diferenciarse.
