Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de secuestro y extorsión, fue resultado directo de denuncias presentadas por empresarios y ciudadanos afectados por presuntas prácticas ilícitas en el municipio.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el gobierno federal no mantiene una estrategia generalizada para investigar a funcionarios públicos, sino que las acciones penales contra presidentes municipales y otros servidores se originan a partir de denuncias formales. En ese contexto, explicó que el caso del alcalde de Tequila se inscribe en la llamada Operación Enjambre, un conjunto de investigaciones activadas por señalamientos concretos de la ciudadanía.
Sheinbaum detalló que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y que incluso ella recibió de manera personal algunos testimonios de empresarios y ciudadanos que acusaban al presidente municipal de extorsión y de generar un entorno de inseguridad.
“No es que haya una investigación a funcionarios por el solo hecho de serlo, sino que todo parte de las denuncias. En el caso de Tequila, personalmente recibí quejas de empresarios y ciudadanos que señalaban la situación que estaban viviendo”, explicó la presidenta, al subrayar que esos señalamientos derivaron en la apertura de la carpeta de investigación que culminó con la detención.
La mandataria también destacó que el alcalde detenido pertenece al partido Morena, y fue enfática al señalar que ninguna fuerza política puede servir como protección frente a la ley. Aseguró que el combate a la corrupción y a los delitos cometidos desde cargos públicos es una responsabilidad que no admite excepciones partidistas.
“Debe quedar muy claro que ningún partido político, y en particular Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse”, afirmó Sheinbaum, al insistir en que su gobierno actuará siempre a partir de denuncias ciudadanas y con apego al debido proceso.
La presidenta concluyó que estos casos buscan enviar un mensaje claro de que las instituciones están obligadas a responder a las quejas de la sociedad y que cualquier servidor público que incurra en delitos deberá enfrentar la justicia, independientemente de su afiliación política.
