Por Juan Pablo Ojeda
Este miércoles 21 de enero de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si acepta atraer el caso de Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI asesinado en 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. La decisión será clave para determinar el rumbo del amparo que busca revisar la reducción de la pena de prisión de 45 años que Aburto cumple actualmente.
El caso se remonta a 2024, cuando un Tribunal Colegiado del Estado de México resolvió que la condena impuesta a Aburto fue calculada de manera incorrecta, al no ajustarse al Código Penal de Baja California vigente en 1994. De acuerdo con ese Código, la pena máxima aplicable era de 30 años, considerando que Colosio era candidato presidencial y no ocupaba un cargo público en ese momento. Bajo esa interpretación, la sentencia permitía la posibilidad de que Aburto recuperara su libertad a partir del 23 de marzo de 2024, justo al cumplirse 30 años del magnicidio.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General de la República (FGR)— impugnó la resolución, y el caso llegó a la Primera Sala de la SCJN, que en octubre de 2024 revocó la sentencia del Tribunal Colegiado con una votación de tres a dos. La Corte ordenó reponer el procedimiento de amparo y garantizar que los familiares de Colosio participen como víctimas indirectas, respetando sus derechos procesales.
La decisión que tomará el Pleno de la SCJN no incluye un proyecto de resolución previo. Los ministros decidirán únicamente si atraen el expediente mediante una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA). Si la Corte acepta, el caso será remitido a uno de los ministros para la elaboración del proyecto de resolución. De no aceptarlo, el Tribunal Colegiado en Toluca continuará con la revisión del amparo.
La reposición del amparo refleja la importancia de garantizar la participación de las víctimas indirectas. Según Jaqueline Sáenz Andujo, representante legal de Aburto y titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), los familiares de Colosio nunca se han presentado a consultar el caso, pese a estar notificados y contar con acceso a la información desde la década de los noventa.
Por su parte, la FGR solicitó a la SCJN que atrajera el caso antes de que el Tribunal Colegiado emitiera una nueva sentencia, buscando garantizar que los derechos de las víctimas y la correcta aplicación de la normativa local se respeten en un caso de alto perfil político. Actualmente, Mario Aburto Martínez permanece recluido en el CEFERESO Número 12 en Ocampo, Guanajuato, mientras espera la resolución de la Corte, que marcará un precedente en el manejo judicial de delitos políticos y de relevancia histórica en México.
