Por Juan Pablo Ojeda
El aumento de casos de sarampión en México abrió un nuevo frente de confrontación política en el Senado, donde legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron al gobierno federal y a Morena de haber debilitado la política nacional de vacunación, lo que, aseguran, permitió el resurgimiento de esta enfermedad viral.
El coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve, señaló que el repunte de contagios es consecuencia directa de decisiones tomadas en los últimos años, particularmente la reducción de campañas de vacunación infantil. A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, advirtió que el país enfrenta el riesgo de que el sarampión vuelva a convertirse en una epidemia.
Según el legislador, durante las administraciones del PRI la cobertura de vacunación superaba el 90 por ciento, lo que mantenía la enfermedad bajo control. En contraste, acusó que durante los gobiernos de Morena se cancelaron semanas nacionales de vacunación y la cobertura infantil cayó hasta alrededor del 60 por ciento.
Añorve afirmó que, bajo la actual estrategia sanitaria, se han registrado más de siete mil contagios y decenas de defunciones, situación que podría poner en riesgo la certificación de México como país libre de sarampión, estatus que —dijo— se logró en administraciones anteriores.
Por su parte, la Secretaría de Salud ha reconocido el incremento de casos desde 2025 y confirmó que, hasta las primeras semanas de este año, se contabilizan 7 mil 131 casos confirmados y 24 defunciones. Las autoridades señalaron que el brote ocurre en un contexto regional, con reaparición del sarampión en varios países del continente americano.
En un comunicado, la dependencia indicó que el comportamiento epidemiológico se mantiene bajo vigilancia permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y atribuyó el repunte a la baja cobertura vacunal y a la existencia de grupos poblacionales susceptibles.
El debate sobre el sarampión se ha convertido así en un nuevo punto de choque entre oposición y gobierno, donde la discusión ya no solo gira en torno a cifras sanitarias, sino a la responsabilidad política y al diseño de las estrategias de prevención en materia de salud pública.
