Por Juan Pablo Ojeda
La presentación de la iniciativa para homologar la investigación de feminicidios por parte del Ejecutivo federal ha puesto bajo escrutinio la capacidad del Estado mexicano para procesar la violencia de género sin la intervención de la sociedad civil. Amnistía Internacional (AI) delimitó la autoría del avance legal, atribuyéndolo a las familias de las víctimas que han confrontado la negligencia institucional durante décadas.
El posicionamiento de la organización expone una fractura en el sistema de procuración de justicia nacional. Al señalar que los procesos de reparación del daño y las investigaciones ministeriales operan bajo un esquema de fallas crónicas, AI documenta cómo el aparato estatal ha dependido de la presión externa para modificar sus estructuras operativas y legislativas.
Para forzar la rendición de cuentas en tribunales, las organizaciones han recurrido a instrumentos de litigio estratégico como el amicus curiae. Esta herramienta ha permitido a entidades no gubernamentales ingresar a los expedientes judiciales para señalar omisiones periciales y deficiencias argumentativas que los ministerios públicos locales omiten de forma sistemática.
El escrutinio de AI se focaliza en casos paradigmáticos que exhiben la inoperancia estatal. La intervención en el caso Karla Pontigo documentó la cadena de impunidad generada desde el levantamiento de evidencias, mientras que el litigio internacional por Lilia Alejandra García Andrade demostró los riesgos físicos y legales que asumen las familias al asumir roles de investigadores privados.
La participación de Norma Andrade en la exigencia de justicia por su hija subraya el costo que pagan los deudos ante la pasividad del Estado. Las pruebas aportadas por los activistas en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han resultado fundamentales para exhibir la violencia estructural que la nueva ley propuesta por Claudia Sheinbaum intenta mitigar.
La atención se traslada ahora al Senado de la República, cámara de origen de la iniciativa. Amnistía Internacional lanzó una advertencia preventiva, instando a los legisladores a no aprobar el dictamen mediante procesos de «fast track» o sin el escrutinio riguroso de las organizaciones que poseen el conocimiento empírico sobre las deficiencias del sistema penal.
La exigencia central radica en la apertura de un diálogo técnico. La viabilidad operativa de la homologación dependerá de que los candados legales propuestos por el gobierno cuenten con mecanismos de auditoría externa, garantizando que el nuevo protocolo no se convierta en letra muerta dentro de las fiscalías estatales.
