Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que ya investiga la desaparición de 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia, un caso que ha encendido las alertas en una región marcada por la violencia y la presencia de grupos delictivos. La denuncia fue presentada el 24 de enero por el apoderado legal de la empresa Vizsla Silver Corp, lo que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía estatal informó que se activó una coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales para dar con el paradero de los trabajadores. Como parte de estas acciones, el 27 de enero se realizó un cateo relacionado con el caso, aunque las autoridades evitaron dar detalles para no entorpecer las indagatorias.
Mientras la autoridad mantiene una postura prudente en la comunicación oficial, la empresa Vizsla Silver Corp fue más directa al señalar que se trató de un secuestro. En un posicionamiento, la minera subrayó que su prioridad es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas, y anunció la suspensión temporal de ciertas actividades en el sitio minero y sus alrededores como medida preventiva.
De acuerdo con información periodística, las víctimas son ingenieros y proveedores de servicios de seguridad, quienes fueron privados de la libertad en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia. Los trabajadores identificados son los ingenieros José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez e Ignacio Aurelio Salazar Flores. A ellos se suman los proveedores de seguridad José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de trabajadores y empresas en zonas con alta incidencia delictiva, así como los retos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad, incluso en actividades económicas estratégicas como la minería. Mientras avanzan las investigaciones, las familias de los trabajadores y la empresa mantienen la expectativa de una pronta localización con vida.
