Por Juan Pablo Ojeda
El FBI realizó un cateo en la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación federal relacionada con la presunta retención ilegal de documentos clasificados por parte de un contratista del gobierno estadounidense, un hecho que ha encendido alertas sobre la libertad de prensa en ese país.
El propio periódico calificó la acción como “inusual y agresiva”, al subrayar que no es común que las autoridades federales registren domicilios de periodistas en investigaciones por filtraciones de información. La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre temas de la Administración de Donald Trump y formó parte del equipo ganador del Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.
De acuerdo con el diario, Natanson se encontraba en su domicilio, ubicado en Virginia, cuando agentes federales ingresaron a la vivienda y confiscaron su teléfono celular, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente. El medio aclaró que la periodista no es investigada ni acusada de delito alguno.
La indagatoria del FBI está dirigida contra Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland, señalado por presuntamente acceder y sustraer información de inteligencia de manera ilegal. Hasta el momento, el Buró Federal de Investigaciones no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el operativo.
El contexto político del caso añade tensión al debate público. En abril pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, revocó una política implementada durante la administración de Joe Biden que prohibía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas con el objetivo de identificar a funcionarios que filtraran información confidencial a la prensa.
El caso ha reavivado la discusión sobre los límites entre la seguridad nacional y la protección a la labor periodística, así como el papel del Estado frente al derecho de la sociedad a estar informada.
