Por Juan Pablo Ojeda
La Contraloría del gobierno de Hidalgo impuso una sanción administrativa a Delia Jessica Blancas Hidalgo, quien fue secretaria de Finanzas durante el sexenio del exgobernador Omar Fayad Meneses, por su responsabilidad en el manejo de recursos públicos que terminaron atrapados en un banco que perdió su autorización para operar.
De acuerdo con la resolución oficial, Blancas Hidalgo participó en la decisión de colocar más de 800 millones de pesos del erario estatal en Banco Accendo, una institución financiera que ya presentaba problemas y que en 2021 fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debido a irregularidades financieras. A pesar de las alertas existentes, los recursos no fueron retirados a tiempo y el banco entró posteriormente en un proceso de liquidación judicial.
Como consecuencia de esa decisión, el gobierno de Hidalgo no ha podido recuperar aproximadamente 863 millones de pesos, lo que representa un daño directo a las finanzas públicas del estado. La Contraloría determinó que hubo incumplimiento de funciones, ya que la Secretaría de Finanzas tenía la obligación de proteger los recursos públicos y actuar con diligencia ante el riesgo financiero.
Además de la exsecretaria, también fueron inhabilitados otros tres exservidores públicos que formaban parte del equipo responsable del manejo financiero, entre ellos exsubsecretarios y directivos de áreas clave. Todos quedaron inscritos en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados y no podrán ocupar cargos públicos durante el periodo que establecen las resoluciones administrativas.
Aunque la sanción no incluyó multas económicas directas, las autoridades estatales mantienen acciones legales para intentar recuperar el dinero, aunque el resultado dependerá del proceso de liquidación del banco, que sigue sin una fecha clara de conclusión.
El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad administrativa de los altos funcionarios, así como los controles internos en el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores. Para el actual gobierno estatal, el objetivo es sentar un precedente de rendición de cuentas, incluso cuando se trata de decisiones tomadas en sexenios pasados.
