Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió apagar la polémica antes de que creciera. Este lunes 26 de enero de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz confirmó que el máximo tribunal no utilizará las camionetas blindadas recientemente adquiridas, luego de las críticas por su alto costo y el contraste con el discurso de austeridad que ha marcado a la nueva integración de la Corte.
En conferencia de prensa, Aguilar Ortiz subrayó que los ministros asumieron un compromiso claro con la austeridad y dejó una frase que buscó marcar línea: la seguridad no equivale a lujo. Explicó que, tras dialogar con ministras y ministros, se acordó no usar los vehículos, ya que actualmente no existen alertas o riesgos específicos contra la seguridad personal de los integrantes del tribunal.
El presidente de la Corte aclaró que la compra de las camionetas no fue una decisión arbitraria, sino que respondió a recomendaciones técnicas en materia de seguridad. Sin embargo, insistió en que la política de austeridad no es un gesto simbólico ni una concesión mediática, sino una forma de administrar los recursos públicos con equilibrio, sin poner en riesgo la operación del Estado ni las funciones constitucionales del Poder Judicial.
Aguilar Ortiz también recordó que parte de la controversia tiene antecedentes. Explicó que en la integración anterior de la Corte se aprobó un acuerdo para que los ministros salientes pudieran adquirir los vehículos que utilizaban como parte de su haber de retiro, lo que derivó en que cuatro camionetas fueran llevadas por quienes dejaron el cargo en septiembre pasado.
La polémica estalló tras conocerse la adquisición de camionetas blindadas de la marca Jeep para los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar el blindaje. La Corte defendió en su momento que la renovación del parque vehicular se ajustó a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes si dejan de cumplir con estándares de seguridad.
Con esta decisión, la nueva Suprema Corte busca enviar un mensaje político claro: la austeridad será una política permanente y no una excepción, aun cuando se trate de temas sensibles como la seguridad de quienes encabezan uno de los poderes del Estado.
