Morena, el partido en el poder, enfrenta uno de sus momentos más incómodos desde que llegó al gobierno. El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario y exsecretario de Gobernación, está bajo una intensa presión política luego de que se revelara su posible cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco —mejor conocido como «El Comandante H»— acusado de encabezar una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El escándalo salió a la luz en julio, cuando se confirmó que Bermúdez tiene una orden de aprehensión activa desde enero de 2025 y una ficha roja de Interpol. El dato fue confirmado por altos mandos del Ejército en Tabasco, lo que provocó una reacción inmediata de la oposición, que exigió cuentas claras a López Hernández, quien fue gobernador del estado entre 2019 y 2021 y responsable directo del nombramiento de Bermúdez.
Las críticas no tardaron. Jorge Romero, del PAN, anunció una denuncia penal en contra del senador, mientras Alejandro Moreno, del PRI, aseguró que documentos filtrados por Guacamaya evidencian que Adán Augusto conocía las operaciones irregulares de Bermúdez desde hace años. La narrativa, según ambos partidos, es clara: Morena protege a sus cuadros, incluso si hay posibles vínculos con el crimen organizado.
Ante la presión, López Hernández rompió el silencio el pasado 20 de julio, durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Calificó las acusaciones como “politiquería” y dijo estar abierto a cualquier investigación de las autoridades. “Estoy tranquilo. No tengo nada que ocultar”, aseguró ante los gritos de apoyo de sus compañeros de bancada.
Desde Palacio Nacional y el partido, la reacción fue de cierre de filas. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó condenar directamente a su coordinador en el Senado, pero aclaró que si la Fiscalía General de la República encuentra elementos suficientes, se deberá investigar. Luisa María Alcalde, presidenta del partido, también lo defendió públicamente, diciendo que “en Morena no se protege a corruptos, pero tampoco se acepta la guerra sucia”.
No obstante, dentro del partido también hay voces que advierten el riesgo de este caso. La diputada Dolores Padierna admitió que la situación podría tener un alto costo para la imagen del movimiento, especialmente cuando Morena intenta proyectarse como un proyecto limpio, en contraste con los gobiernos del pasado.
Y es que el caso va más allá de la figura de Adán Augusto. Analistas como Paula Sofía Vásquez advierten que, con las elecciones intermedias en el horizonte y un escenario internacional cada vez más delicado —particularmente por el regreso de Donald Trump al discurso antimexicano—, este tipo de escándalos dañan la credibilidad del gobierno. La relación histórica de López Hernández con el presidente López Obrador, su poder en el Senado y su control sobre estructuras clave como las delegaciones portuarias, lo convierten en un actor de alto riesgo si el caso escala.
Incluso dentro de Morena, el liderazgo de Adán Augusto ha generado tensiones. Gobernadores como Alfonso Durazo (Sonora) y Javier May (Tabasco) han marcado distancia con él, lo mismo que otros liderazgos como Ricardo Monreal. Y aunque oficialmente Morena se muestra unido, el escándalo puede abrir heridas profundas en la lucha interna por el futuro del partido rumbo a 2030.
Por ahora, el panorama es incierto. Si la FGR abre una investigación formal y encuentra pruebas sólidas, la carrera política de López Hernández podría llegar a su fin. Si no, quedará como un episodio más de guerra política en el México de la 4T. Pero lo que es seguro es que este caso deja ver que la lucha por el control de Morena ya comenzó, y que las lealtades del pasado podrían convertirse en lastres para el presente.
El destino de Adán Augusto no solo definirá su futuro político, sino también el rumbo que tomará Morena en la era post-AMLO.
