A menos de cinco meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos han advertido un incremento sostenido de desalojos forzados en distintas alcaldías de la capital, un fenómeno que, aunque no responde a una política oficial del gobierno local, sí está vinculado a la presión inmobiliaria generada por el megaevento.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que desde 2023 ha abierto 81 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con desalojos, principalmente en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, zonas con alta conectividad turística y cercanas a sedes mundialistas. Tan solo entre julio y octubre de 2025, se registraron alrededor de 2 mil 600 quejas por despojo, una cifra significativamente mayor a la reportada en años anteriores.
De acuerdo con colectivos de vivienda y especialistas urbanos, la principal causa del fenómeno es el aumento de la demanda de hospedaje temporal ante la llegada estimada de 299 mil turistas nacionales y extranjeros, lo que ha provocado incrementos abruptos en rentas, rescisión de contratos y conversiones masivas de viviendas a plataformas como Airbnb, particularmente en colonias populares y de renta media.
Los grupos más afectados, según la CDHCM y organizaciones como Habitat International Coalition América Latina, son adultos mayores, familias de bajos ingresos y arrendatarios sin contratos formalizados, quienes enfrentan procesos de desalojo sin alternativas habitacionales ni acompañamiento institucional suficiente.
Casos emblemáticos como los inmuebles ubicados en República de Cuba 11, en el Centro Histórico, y Tonalá 125, en la colonia Roma, han sido señalados por activistas como ejemplos de una gentrificación acelerada que antecede al Mundial, pero que se intensifica con la expectativa de rentabilidad asociada al evento deportivo.
La inconformidad social se hizo visible en diciembre de 2025, cuando personas desalojadas y colectivos urbanos marcharon en el centro de la ciudad para exigir una ley contra el llamado “pacto inmobiliario”, denunciando la colusión entre desarrolladores, propietarios y vacíos legales que facilitan el despojo de vivienda en contextos de alta plusvalía.
El Gobierno de la Ciudad de México ha reiterado públicamente que no existe un programa oficial de desalojos vinculado al Mundial 2026; sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) ha reconocido que la presión del mercado inmobiliario es un reto creciente en colonias como Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santo Domingo y Popotla, donde se concentran inversiones y proyectos de remodelación urbana.
Especialistas en derechos humanos advierten que, sin medidas regulatorias claras sobre alquileres temporales y protección a inquilinos, el Mundial podría dejar como saldo una profundización de la desigualdad urbana. La CDHCM ha llamado a las autoridades a fortalecer la supervisión, garantizar el derecho a la vivienda y prevenir desalojos forzados en el contexto del evento deportivo más grande del mundo
