Ricardo Monreal gana batalla legal contra Layda Sansores ante la Suprema Corte
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al diputado Ricardo Monreal Ávila en contra de actos cometidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien en 2022 difundió en su programa «Martes del Jaguar» un audio que implicaba al legislador en supuestos actos de encubrimiento y manipulación del sistema judicial.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país determinó que la mandataria estatal vulneró derechos fundamentales del excoordinador de Morena en el Senado, al hacer insinuaciones públicas que afectaron su honor, imagen y presunción de inocencia sin un proceso legal de por medio.
Los hechos se remontan a octubre de 2022, cuando Layda Sansores divulgó una grabación en la que presuntamente se escuchaba a Monreal realizando gestiones indebidas. La gobernadora utilizó el material para insinuar un supuesto control de jueces y magistrados por parte del político zacatecano. Sin embargo, nunca presentó pruebas sólidas ni denuncias formales ante las instancias correspondientes.
El fallo de la Corte destaca que la difusión del material y las declaraciones públicas de Sansores excedieron los límites de la libertad de expresión, al involucrar a una figura pública en un contexto de acusación sin fundamento legal, lo cual es contrario a los principios del debido proceso y el respeto a la dignidad humana.
“Este fallo es un precedente importante que reafirma los límites del poder público en el uso de plataformas oficiales para denostar a ciudadanos sin pruebas ni procesos judiciales en curso”, señalaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
La resolución también subraya que, si bien los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio, no por ello se les puede difamar o atribuir delitos sin sustento. En este sentido, la SCJN dejó claro que el ejercicio del poder no otorga carta blanca para vulnerar derechos fundamentales.
Ricardo Monreal celebró la resolución como un triunfo de la legalidad sobre el linchamiento político. “Ganamos no solo un amparo, sino una defensa de los derechos civiles frente al abuso de poder y el uso faccioso de los medios del Estado”, declaró el legislador.
Hasta el momento, ni la gobernadora Layda Sansores ni el gobierno de Campeche han emitido una postura oficial tras el fallo. Sin embargo, se espera que la decisión tenga repercusiones en el modo en que los funcionarios públicos utilizan sus plataformas institucionales para emitir juicios mediáticos.
El caso representa un hito en la defensa de los derechos políticos y personales de los legisladores frente a los excesos de actores estatales, en un contexto donde las tensiones internas de Morena y los intereses electorales muchas veces rebasan los cauces institucionales.
