La justicia no se ahoga con aguas negras, aunque lo intenten. Ese parece ser el mensaje que Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, quiso dejar claro este jueves al anunciar que propondrá la creación de una comisión especial para investigar al panista Jorge Romero, presidente nacional del PAN, por su presunta implicación en el llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez.
Con voz firme y gesto adusto, Ávila detalló que en México existe una carpeta de investigación abierta que apunta a movimientos financieros sospechosos por más de 350 millones de pesos supuestamente canalizados a cuentas de familiares de Romero. Aunque formalmente el dirigente panista no ha sido imputado, la Fiscalía lo ha vinculado a una red de corrupción que ya dejó huella: 13 personas procesadas, cuatro condenadas, y más de 83 inmuebles detectados como irregulares.
El asunto va más allá de simples pisos de más. Es una tragedia silenciosa que ha erosionado la confianza pública y afectado directamente la vida de miles de capitalinos. Según datos oficiales, más de 260 pisos adicionales fueron construidos de manera ilegal en al menos 130 edificios, lo que habría generado ganancias ilícitas por más de 7 mil millones de pesos para exfuncionarios implicados. Todo esto mientras los servicios colapsaban y los riesgos estructurales aumentaban.
Y como si se tratara de una novela de realismo mágico burocrático, en septiembre de 2020 una inundación de aguas negras —sí, negras— destruyó justo los archivos clave sobre permisos, contratos y expedientes relacionados con la época de Jorge Romero como delegado en Benito Juárez. Un accidente “muy oportuno” que dejó al descubierto la fragilidad documental de una de las alcaldías más acaudaladas del país.
Pero la corrupción no solo se mide en millones de pesos. Se mide también en tragedias. Tras el sismo de 2017, varios de estos inmuebles colapsaron. Uno de los casos más simbólicos fue el de Emiliano Zapata 56, donde murieron dos personas. Detrás del edificio estaba el Canada Building Group, también señalado en esta maraña de autorizaciones turbias y pisos clandestinos.
Lo que comenzó como una serie de “permisos administrativos” terminó convirtiéndose en un modus operandi sistemático, operado por funcionarios como Cristian Bondruerich o Inicia Sardigis, quienes ya han sido detenidos o sentenciados. Autorizaban construcciones ilegales a cambio de beneficios, y con ello tejieron una red de complicidades que cubre 36 de las 56 colonias de Benito Juárez.
Las víctimas no solo son los vecinos sin agua o los muertos en los escombros. También están los compradores honestos que hoy no pueden acreditar legalmente la propiedad de su departamento. Muchos se han enterado que viven en edificios irregulares sin saberlo. El gobierno ha tratado de regularizar estas propiedades: algunas se han convertido en oficinas públicas o vivienda para damnificados del sismo, un parche institucional para un agujero urbano que aún sigue abierto.
El “cártel inmobiliario” se ha vuelto un símbolo de cómo la corrupción puede cambiar el rostro de una ciudad. La iniciativa de Ávila busca reactivar un tema que no solo es judicial, sino profundamente político. Porque en México, a veces la memoria se borra con agua sucia… pero otras veces, regresa con sed de justicia.
