Por Bruno Cortés
En San Lázaro se abrió una discusión que va más allá de mascotas y refugios: se trata de cómo el Estado mexicano entiende y protege a los animales. Las diputadas de Morena, Irma Juan Carlos y María Rosete, presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Bienestar, Cuidado, Conservación, Preservación y Protección de los Animales, con la idea de poner orden, claridad y dientes a un tema que hasta ahora ha estado disperso en normas insuficientes.
La propuesta busca que el cuidado animal deje de depender de criterios aislados y se convierta en una política pública nacional. Para lograrlo, reglamenta artículos clave de la Constitución y define qué le toca hacer a la Federación, a los estados y a los municipios, obligándolos no solo a vigilar y sancionar, sino también a destinar presupuesto y diseñar acciones concretas.
Uno de los puntos centrales es la definición de maltrato animal. La iniciativa deja claro que no se trata solo de golpes o violencia visible, sino de cualquier acción u omisión que cause dolor, sufrimiento, daño físico o emocional, o una sobreexplotación que afecte su bienestar. Bajo esta lógica, el abandono, el transporte en condiciones crueles o el uso de animales en espectáculos que les provoquen sufrimiento entran directamente en la lista de conductas prohibidas.
El proyecto reconoce a los animales como seres vivos con necesidades físicas y emocionales, y adopta principios de bienestar aceptados a nivel internacional, como la posibilidad de expresar comportamientos naturales. Esto cambia el enfoque: ya no se les ve solo como propiedad, sino como seres que requieren cuidado responsable y trato digno.
La iniciativa también pone reglas claras sobre prácticas sensibles como la eutanasia, la tenencia responsable y la tutela, y tipifica conductas graves como la crueldad extrema y el abuso sexual contra animales. Además, establece un esquema de sanciones que va desde amonestaciones y multas para infracciones leves y moderadas, hasta arrestos administrativos y sanciones más severas para los casos graves, sin dejar fuera la aplicación del Código Penal Federal.
Para que la ley no se quede en el papel, se plantea que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sea la autoridad encargada de aplicar sanciones, y que se fortalezcan los mecanismos de denuncia ciudadana, inspección y vigilancia. Al mismo tiempo, se propone incorporar contenidos educativos en planes de estudio para fomentar desde temprana edad el respeto y el cuidado de los animales.
Las diputadas impulsoras sostienen que, aunque ya existen normas en materia de bienestar animal, estas han sido insuficientes y desiguales. Por eso, consideran indispensable un marco legal general que reconozca la dignidad de los animales, su capacidad de responder a estímulos y la responsabilidad del Estado de garantizarles una vida —y una muerte— libres de crueldad.
Más allá de castigos, la iniciativa apunta a un cambio cultural: pasar de la tolerancia al maltrato a una política pública que promueva el respeto, la protección y la convivencia responsable entre personas y animales.
