Por Bruno Cortés
El diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, decidió cruzar fronteras para dar la pelea contra la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo. Esta vez no lo hizo desde la tribuna de San Lázaro, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Y según informó, su escrito ya fue admitido. En sus palabras, las reformas impulsadas por la mayoría oficialista están ahora “en el banquillo internacional de los acusados”.
¿Qué significa eso en términos simples? Que un organismo internacional aceptó revisar si México está incumpliendo sentencias previas en materia de derechos humanos. Martínez argumenta que el país ya había sido condenado en casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú y Fernando Ortega, que obligaron a México a fortalecer la protección judicial, limitar la militarización y garantizar un Poder Judicial independiente.
Según el legislador, las reformas recientes —la del Poder Judicial, la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas y los cambios a la Ley de Amparo— contradicen esos compromisos. El amparo, vale decirlo claro, es la herramienta que cualquier ciudadano puede usar para defenderse cuando considera que una autoridad violó sus derechos. Si esa figura se debilita, se reduce el margen de defensa frente al Estado.
Martínez presentó un documento de 155 páginas el 2 de diciembre de 2025 y asegura que en apenas dos meses obtuvo respuesta, algo que calificó como inusual por la rapidez tratándose de un tribunal internacional. La Corte, explicó, ya notificó al Gobierno de México, a las víctimas de los casos mencionados y a la Comisión Interamericana para que emitan opinión.
El punto central de su argumento es que la Constitución mexicana no solo es la ley suprema, sino también los tratados internacionales que el Senado ha aprobado, como el Pacto de San José. Y si el Estado incumple esas obligaciones, puede enfrentar supervisión, audiencias e incluso medidas cautelares.
¿Puede esto frenar la elección de jueces que contempla la reforma judicial? Según Martínez, sí existe la posibilidad de que el proceso internacional derive en medidas que pospongan la elección hasta un año. También advirtió que podrían realizarse audiencias en México o visitas de jueces internacionales. No es un proceso rápido, pero sí puede tener efectos políticos y jurídicos relevantes.
En paralelo, como integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —encargada de analizar solicitudes de desafuero—, Martínez acusó que hay expedientes congelados, señalando específicamente el caso de Cuauhtémoc Blanco. A su juicio, eso refleja una falta de acción interna que lo llevó a buscar instancias internacionales.
Más allá del choque político, lo que está en juego es un debate profundo sobre cómo se reforma el Poder Judicial y hasta dónde puede llegar el Congreso cuando existen compromisos internacionales en derechos humanos. La decisión de la Corte Interamericana no será inmediata, pero el mensaje político ya está lanzado: la reforma judicial mexicana no solo se discute en el Congreso, ahora también se revisa fuera del país.
