Por Bruno Cortés
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, puso sobre la mesa un tema que casi todos usamos diario pero pocos pensamos como política pública: los datos personales. Su iniciativa parte de una idea sencilla de entender para cualquiera: así como el Estado cuida carreteras, hospitales o la red eléctrica, también debería proteger con el mismo rigor las bases de datos donde está la información de millones de personas.
Delgado explicó que su propuesta, presentada el 21 de enero, busca que las bases de datos poblacionales sean consideradas infraestructura crítica del Estado y un asunto de seguridad nacional. En palabras simples, esto significa que si alguien las roba, las vende o las vulnera, el daño no es solo a una institución, sino a la confianza de la gente y al funcionamiento del país. Por eso plantea reformas a varias leyes clave, desde Seguridad Nacional hasta Protección de Datos Personales y el Código Penal Federal.
La lógica es clara: hoy los registros oficiales concentran información sensible que permite que el gobierno funcione. Ahí están los datos del Registro Nacional de Población, el padrón electoral del INE, los sistemas del IMSS, ISSSTE o Infonavit. Sin esos datos, se detienen trámites, servicios de salud, programas sociales y hasta procesos democráticos. Para el diputado, dejar estas bases vulnerables es como dejar abiertas las puertas de un hospital o una presa.
La iniciativa también apunta directo a la responsabilidad de los servidores públicos y de las empresas. Delgado propone castigos severos para quien extraiga información de forma ilegal, hackee sistemas o sea negligente en su resguardo. Las penas podrían llegar hasta 15 años de prisión, sobre todo si hay lucro, si se pone en riesgo la seguridad nacional o si los responsables pertenecen a áreas sensibles del gobierno.
Además, la propuesta fortalece el papel de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sería la encargada de coordinar la protección y estandarización de estas bases de datos, y obliga a que cada institución tenga responsables claros de la seguridad de la información. La idea es evitar el desorden actual, donde cada dependencia cuida los datos a su manera y muchas veces sin coordinación.
Para Delgado Carrillo, un marco legal fuerte en ciberseguridad no solo previene delitos, también protege derechos básicos y refuerza la confianza ciudadana en el Estado. Su compañero de bancada, el diputado Óscar Bautista Villegas, respaldó la iniciativa y subrayó que los datos personales deben cuidarse como cualquier otra infraestructura estratégica del país, porque de ellos depende la vida cotidiana de millones de personas.
En el fondo, la propuesta busca algo que cualquiera puede entender: que la información personal no sea mercancía, que no quede expuesta por descuido y que el Estado asuma, de una vez por todas, que en la era digital la seguridad también se juega en los sistemas y las bases de datos.
