Por Bruno Cortés
En México, hablar de personas adultas mayores ya no es mirar al futuro, es describir el presente. Con esa idea de fondo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados organizó un foro para recordar que hace nueve años entró en vigor la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, un acuerdo internacional que cambió la forma en que los Estados deben ver y tratar a quienes llegan a la vejez.
La diputada Casandra Prisilla De los Santos Flores, presidenta de la comisión, impulsó este encuentro para subrayar algo que a veces se olvida: las personas adultas mayores no son sujetos pasivos de asistencia, sino personas con derechos plenos, con capacidad de decidir sobre su vida, con dignidad y autonomía. La Convención, explicaron los participantes, marcó un antes y un después porque obliga a los gobiernos a prevenir la discriminación por edad y a garantizar condiciones de vida dignas.
Desde la sociedad civil, Javier Palomares Villagómez recordó que muchos de los derechos que hoy existen no llegaron solos, sino a través de años de lucha. Por eso hizo un llamado directo a las personas adultas mayores a no renunciar a lo que les corresponde, a no normalizar el maltrato, el abandono o la exclusión, y a defender lo que ya se ha ganado.
En el terreno de las políticas públicas, el INAPAM presentó un panorama más concreto. Su directora de Gerontología explicó que el instituto no solo entrega credenciales con descuentos, sino que trabaja en capacitación para servidores públicos, convenios con empresas e instituciones y programas de vinculación laboral, para que quienes aún pueden y quieren trabajar lo hagan en condiciones formales y dignas.
Uno de los mensajes más claros del foro fue que envejecer no debería tomarnos por sorpresa. Ignacio Molina, enlace con organizaciones civiles, insistió en que la sociedad necesita entender qué implica llegar a la vejez, no solo para respetar los derechos de este grupo, sino para prepararse como país ante un cambio demográfico inevitable.
Desde el ámbito legal, representantes de fundaciones que asesoran a personas adultas mayores señalaron que muchas violaciones a sus derechos podrían evitarse con información y educación. Cuidar a este sector, dijeron, no es solo un asunto familiar, sino una responsabilidad del Estado y del Congreso, que debe legislar pensando en una población que crece año con año.
Las cifras del INEGI pusieron contexto a la discusión. En 2023 se contabilizaron más de 129 millones de personas de 60 años y más, mientras los nacimientos van a la baja. Esto significa que México está envejeciendo rápidamente y que las decisiones que se tomen hoy en el Congreso impactarán directamente en la calidad de vida de millones de personas en los próximos años.
El foro cerró con actividades culturales, canto y poesía, como recordatorio de que la vejez no es solo números y estadísticas, sino historias, experiencias y voces que siguen aportando a la vida pública. El mensaje final fue claro: reconocer los derechos de las personas adultas mayores no es un gesto de buena voluntad, es una obligación que ya llegó y que no puede seguir postergándose.
