Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados comenzó a discutirse una propuesta que toca una de las fibras más sensibles de la seguridad pública: el secuestro de niñas y niños en su primera infancia. La diputada María del Rosario Guzmán Avilés presentó una iniciativa para endurecer las penas cuando la víctima de este delito tenga menos de tres años de edad, bajo el argumento de que se trata de uno de los actos más graves y crueles que puede enfrentar una familia.
Hoy en día, la ley castiga el secuestro con penas que van de 40 a 80 años de prisión, además de fuertes multas. Lo que propone la legisladora es que, si la víctima es una niña o un niño menor de tres años, ese castigo pueda aumentar hasta en una mitad, tanto en el mínimo como en el máximo. Es decir, penas todavía más altas, en reconocimiento a la extrema indefensión de los bebés y al nivel de violencia que implica este delito. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
En la explicación de la propuesta se subraya que el secuestro no sólo daña a la víctima directa, sino que rompe por completo la vida de las familias y del entorno cercano. Pero cuando el delito ocurre durante la primera infancia, el impacto es todavía más profundo. Entre los cero y tres años se forman las bases del desarrollo físico y mental, y las niñas y los niños dependen totalmente de sus padres para sobrevivir y crecer.
La diputada advierte que en esta etapa el apego no es sólo una cuestión emocional. Los menores requieren cuidados constantes, revisiones médicas, vacunación, atención nutricional y, en muchos casos, lactancia materna. Separarlos violentamente de sus padres, como ocurre en un secuestro, no sólo pone en riesgo su salud inmediata, sino que puede dejar huellas para toda la vida.
De acuerdo con especialistas citados en la iniciativa, las personas que viven traumas severos o estrés crónico desde edades tempranas tienen mayores probabilidades de desarrollar ansiedad, depresión, problemas de salud mental, adicciones, obesidad e incluso enfermedades como la diabetes. Es decir, el daño va mucho más allá del momento del delito y puede acompañar a la víctima durante toda su existencia.
Las cifras oficiales refuerzan la preocupación. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, entre enero de 2015 y diciembre de 2024, uno de cada diez secuestros registrados en México tuvo como víctimas a niñas, niños o adolescentes. Para la legisladora, estos números muestran que el problema no es aislado y que el Estado debe enviar un mensaje claro de cero tolerancia.
La propuesta busca que quien cometa un secuestro contra un menor de tres años enfrente una sanción todavía más severa, como una forma de reconocer la gravedad del delito y fortalecer la protección legal de la primera infancia. Ahora será tarea del Congreso analizar si este endurecimiento de penas se convierte en ley y si logra convertirse en una herramienta más efectiva para combatir uno de los crímenes que más indignan a la sociedad mexicana.
