En un país donde las buenas intenciones suelen tener factura, el director del IMSS, Zoé Robledo, salió al paso de las críticas por las clínicas de hemodiálisis en Aguascalientes, defendiendo con vehemencia el proyecto impulsado por CREAMEDIC, empresa ligada a Grupo CIE, mejor conocida por producir conciertos que por salvar vidas. Robledo aseguró que las clínicas no son móviles, que cuentan con licencia de COFEPRIS y cumplen con las normas oficiales. Lo dijo todo… menos por qué una empresa de entretenimiento sigue ganando contratos en el sector salud.
El titular del IMSS describió con entusiasmo quirúrgico: estructuras con materiales “innovadores”, consultorios de nefrología, zonas de aislamiento, estacionamiento, 97 sillones y disponibilidad 24/7. Todo suena impecable en el papel. Sin embargo, su discurso pareció más una presentación de PowerPoint para inversionistas que una respuesta técnica sustentada. A lo que no respondió fue: ¿cómo obtuvo esa empresa el contrato?, ¿por qué se inflaron costos en la justificación del proyecto?, ¿y dónde queda la experiencia clínica?
Robledo también dejó en claro que “el IMSS dará el servicio con su propio personal”. Pero hay un problema que omitió: el personal capacitado en hemodiálisis no se consigue con una circular interna ni se entrena en un fin de semana. La Sociedad Mexicana de Nefrología estima entre 3 y 6 meses para formar adecuadamente a una enfermera en esta especialidad. Si ya es difícil cubrir vacantes médicas en zonas marginadas, ¿cómo garantizará el IMSS personal calificado para 97 estaciones en una sola unidad?
En defensa del modelo, Robledo sacó del baúl la carta de la pandemia: “la empresa también operó el autódromo y CitiBanamex como centros COVID”. Lo que no dijo es que esos contratos sumaron más de 1,600 millones de pesos, todos adjudicados directamente, sin licitación. Y que varias de esas instalaciones fueron señaladas por su baja calidad y opacidad financiera. En otras palabras: se premió la improvisación con más contratos.
La cereza en el expediente es un amparo interpuesto por la empresa actualmente subrogada en Aguascalientes. Robledo lo mencionó con tono de burla: “es curioso que alguien se ampare porque el IMSS quiere recuperar su capacidad de atención”. Curioso no. Lógico. En un país donde las adjudicaciones millonarias se reparten en lo oscurito, no extraña que los afectados acudan a tribunales. La transparencia no se resuelve con conferencias, se demuestra con licitaciones abiertas y evaluación técnica imparcial.
En el fondo, nadie cuestiona que el IMSS fortalezca su capacidad. Lo que genera alarma es que ese fortalecimiento ocurra de la mano de una empresa cuya experiencia médica es nula y cuyo historial está lleno de reflectores… pero no de expedientes clínicos. Cuando se juega con la vida de pacientes renales, la improvisación no es innovación, es negligencia con disfraz institucional.
El silencio sobre los contratos, la opacidad de los procesos y la defensa férrea de un modelo sin precedentes técnicos son señales preocupantes. A la salud pública no se le puede tratar como espectáculo itinerante. México necesita hospitales sólidos, no clínicas inflables que duren lo que un festival de música.
Robledo ha defendido la iniciativa con palabras firmes. Pero mientras no se despejen las sombras que rodean al proyecto, el discurso se parece más a una función de gala que a una política de Estado. Porque cuando la salud se privatiza entre telones, la tragedia no está en escena… está en los pasillos del IMSS.
