Simón Levy, conocido por su estilo frontal y sus choques públicos con figuras de la 4T, volvió al centro de la polémica este 13 de julio. A través de su cuenta en X, denunció que funcionarios de Puebla le exigieron un soborno de un millón de dólares para autorizar un desarrollo de vivienda.
La bomba mediática explotó de inmediato, pero perdió impulso con una declaración inesperada: Vessel Housing, la empresa de Levy, negó haber sufrido extorsión, echando por tierra la narrativa que intentaba posicionar. La contradicción no solo sembró dudas, sino que avivó el fuego político.
En redes, los bandos se definieron rápido. Unos exigieron investigación y castigo a los responsables. Otros, entre ellos cuentas alineadas al oficialismo, tacharon a Levy de manipulador. @REDAMLO lo llamó “vividor” y lo retó a mostrar pruebas.
Levy aseguró tener grabaciones, pero no las ha presentado. Tampoco ha interpuesto una denuncia formal, lo que limita el alcance legal del caso. Todo queda en el terreno de la narrativa y la percepción.
Desde el entorno del gobernador poblano, se afirma que el empresario buscó trato especial y al no conseguirlo, lanzó acusaciones falsas. Según fuentes extraoficiales, el proyecto no fue bloqueado, sino condicionado a normas urbanas vigentes.
El caso se convirtió en campo de batalla política, más que jurídica. Sin documentos oficiales, sin investigaciones abiertas y con una versión desmentida por la misma empresa involucrada, la denuncia de Simón Levy se disuelve en la polarización digital.
