Por Juan Pablo Ojeda
La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica consolida la continuidad política del actual mandatario Rodrigo Chaves y abre una nueva etapa marcada por expectativas de estabilidad, pero también por alertas de la oposición sobre una posible deriva autoritaria.
Diversos sectores críticos han advertido que el triunfo de una figura estrechamente ligada al oficialismo podría profundizar los conflictos que el gobierno saliente mantuvo con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y medios de comunicación. Estas tensiones han sido uno de los rasgos más visibles de la administración de Chaves.
En sus primeras declaraciones como presidenta electa, Fernández fue enfática al señalar que su gobierno seguirá el legado del actual mandatario durante los próximos cuatro años, descartando giros abruptos o rupturas institucionales. Con 39 años y formación en Ciencias Políticas, llega al cargo tras haber ocupado posiciones clave como ministra de la Presidencia y de Planificación y Política Económica, además de contar con más de una década de experiencia en el sector público.
Uno de sus principales objetivos políticos será construir una mayoría sólida en la Asamblea Legislativa. Fernández aspira a que el oficialismo alcance al menos 40 de las 57 curules, lo que permitiría impulsar reformas estructurales sin depender de alianzas frágiles.
Durante la campaña, su perfil personal también fue parte del mensaje político. Originaria de Puntarenas, se presentó como madre y esposa, con una narrativa de cercanía a la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
En el tramo final del proceso electoral, las encuestas la colocaban como favorita frente a otros 19 candidatos, con la meta de superar el 40 por ciento de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, objetivo que finalmente alcanzó.
El desempeño económico del país fue un eje central de su discurso. Fernández atribuyó al gobierno saliente el repunte económico registrado en 2024 y 2025, así como la reducción del desempleo y de la deuda pública. De acuerdo con el informe Estado de la Nación 2025, Costa Rica se posicionó como la economía más dinámica de la OCDE, aunque el mismo documento advierte sobre rezagos en la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La inseguridad ocupa un lugar prioritario en la agenda del nuevo gobierno. En 2025, Costa Rica registró una tasa de homicidios de 16.7 por cada 100 mil habitantes, el tercer año más violento de su historia reciente, según el Organismo de Investigación Judicial. Fernández confirmó que mantendrá la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”, con un enfoque de mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la posible suspensión de garantías individuales en zonas críticas, así como el fortalecimiento de sanciones penales y la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos aplicados en otros países de la región, lo que ha generado fuertes críticas desde la oposición.
El programa de gobierno de Fernández también contempla la modernización educativa, la sostenibilidad ambiental, una mayor eficiencia del Estado y la recuperación de la confianza en el sistema judicial. Con experiencia como consultora y especialista en empleo público, inversión y cooperación internacional, la nueva presidenta asume el reto de gobernar un país que combina indicadores macroeconómicos positivos con profundas tensiones sociales e institucionales.
