Por Bruno Cortés
En el Congreso federal volvió a encenderse un debate que va más allá de tecnicismos legales y que toca directamente la vida de niñas y niños en México. El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, cuestionó con dureza que el Congreso de Jalisco haya rechazado nuevamente modificar su Ley del Registro Civil para permitir el cambio de identidad de género a menores de edad, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que poner un límite de edad es inconstitucional.
Dicho sin rodeos, lo que señaló el legislador es que en Jalisco se está ignorando una orden clara del máximo tribunal del país. La Corte ya invalidó el artículo que exige ser mayor de edad para realizar este trámite, luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por las comisiones de derechos humanos a nivel nacional y estatal. Eso obligaba al Congreso local a armonizar su ley, pero la mayoría decidió no hacerlo.
Para López Vela, esta decisión no es un simple desacuerdo político, sino un acto de discriminación que tiene responsables claros: las y los diputados locales que votaron en contra y el gobernador Pablo Lemus, quien respaldó esa postura. En términos simples, explicó que cuando una autoridad no cumple una sentencia de la Corte, no solo incumple la ley, también vulnera derechos fundamentales.
El diputado insistió en aclarar uno de los puntos que más confusión genera en el debate público. No se trata de “cambiar de sexo” ni de intervenciones médicas en menores. Lo que está en juego es el derecho a la identidad de género, es decir, que una persona pueda tener documentos oficiales con el nombre que corresponde a cómo se percibe y vive. Para explicarlo de forma sencilla, dijo que las personas no son objetos a los que se les cambian piezas, y que la identidad tiene que ver con la manera en que cada quien se reconoce dentro de una sociedad.
También subrayó que esta reforma no obliga a nadie a nada. No impone decisiones a las familias ni promueve cirugías o tratamientos. Lo único que busca es que las infancias trans puedan contar con un acta de nacimiento que refleje su identidad, lo que les permite acceder a la escuela, a servicios de salud y a una vida cotidiana sin discriminación ni violencia administrativa.
Desde su perspectiva, el rechazo en Jalisco demuestra una falta de comprensión —o de voluntad— frente a un tema que ya cuenta con respaldo científico, jurídico y en derechos humanos. Por eso anunció que enviará al gobernador un documento elaborado por especialistas en educación sexual y sexología, con el objetivo de explicar qué significa realmente ejercer el derecho a la identidad de género.
El mensaje final del legislador fue directo y fácil de entender: en México la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación, y cuando una autoridad decide no acatar una resolución de la Suprema Corte, lo que hace es prolongar una exclusión que ya fue declarada ilegal. En este caso, advirtió, quienes pagan el costo no son los políticos, sino las infancias trans que siguen esperando que la ley las reconozca.
