Por Bruno Cortés
A diez años de que México puso en marcha el Sistema Penal Acusatorio, el Congreso comenzó a mirarse al espejo. En la Cámara de Diputados, el legislador Sergio Mayer Bretón encabezó el primer Foro de análisis y prospectiva de este modelo de justicia, un espacio pensado no para aplausos, sino para revisar qué ha funcionado, qué no y qué ajustes hacen falta desde el Poder Legislativo.
El punto de partida fue claro: la fortaleza del Estado mexicano no se demuestra con gestos momentáneos ni discursos duros, sino con instituciones que respeten la ley, tanto la nacional como la internacional. Para Mayer Bretón, si México quiere ser tomado en serio dentro y fuera de sus fronteras, necesita reglas claras, procesos sólidos y decisiones sustentadas en el derecho.
Uno de los temas que más atención generó fue el de la extradición. El diputado planteó que este mecanismo debe revisarse con cuidado, no para eliminarlo a la ligera, sino para garantizar que la justicia se administre correctamente sin poner en riesgo la soberanía del país. En especial, subrayó la importancia de la asistencia consular cuando se trata de mexicanos bajo jurisdicción extranjera, un elemento que —dijo— no es un favor, sino una obligación del Estado.
La discusión no se quedó en lo jurídico abstracto. Mayer Bretón insistió en que cualquier análisis del sistema penal debe tener en el centro los bienes que busca proteger: la vida, la libertad, la integridad de las personas, su patrimonio y sus derechos más básicos. Por eso, explicó, en el foro se escucharon voces diversas: víctimas, jueces, magistrados, académicos y operadores del sistema, con la idea de entender cómo se aplica la justicia en la práctica cotidiana.
Especialistas como el maestro Marco Antonio Avilés y el magistrado Moisés Molina Reyes aportaron visiones técnicas sobre los nuevos retos de la administración de justicia y el debate en torno a la extradición, mientras que legisladores coincidieron en que ningún sistema es perfecto y que estos ejercicios sirven para detectar qué debe cambiarse desde las leyes para fortalecer al Poder Judicial.
Ya en entrevista, Mayer Bretón dejó claro que las extradiciones recientes a Estados Unidos no responden a una lógica de subordinación, sino de cooperación entre países. A su juicio, México ha hecho un trabajo sólido en coordinación internacional, pero sin renunciar a su soberanía. La tarea del Congreso, dijo, es revisar tratados, dar seguimiento y asegurarse de que estos procesos se realicen sin violar los derechos de las y los mexicanos.
En la misma línea, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo expresó que desde el Legislativo se debe respaldar al Estado mexicano y al Ejecutivo en este tipo de decisiones, siempre con un ojo puesto en la soberanía y otro en el fortalecimiento del Estado de derecho.
El mensaje de fondo del foro fue sencillo pero contundente: el sistema de justicia mexicano necesita ajustes constantes, diálogo abierto y leyes que respondan a la realidad. Diez años después de su implementación, el Sistema Penal Acusatorio sigue en construcción, y el Congreso quiere ser parte activa de ese proceso.
