Por Bruno Cortés
Hablar de corrupción suele sonar lejano, técnico o incluso repetitivo, pero en realidad toca el bolsillo y la vida diaria de millones de personas. Con esa idea como punto de partida, en la Cámara de Diputados se abrió una discusión clave sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción, un engrane que nació con grandes expectativas, pero que con el tiempo ha perdido fuerza y resultados visibles.
Durante el foro convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el especialista en integridad de la OCDE, Jacobo Pastor García Villarreal, puso sobre la mesa un mensaje directo: México no puede darse el lujo de tener un sistema anticorrupción que solo reaccione cuando el problema ya estalló. La reforma que hoy se discute, dijo, es una oportunidad para corregir fallas estructurales y alinearse con compromisos internacionales que el país ya firmó, pero que todavía no se reflejan del todo en la práctica.
Para dimensionar el problema, García Villarreal explicó que la corrupción no es solo un asunto moral o político, sino económico. Estudios internacionales calculan que puede costar entre 5 y 10 por ciento del PIB, es decir, recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas o infraestructura, pero que se pierden en trámites inflados, contratos amañados o malas decisiones. Ese drenaje constante también debilita la recaudación de impuestos y vuelve menos efectivas las políticas sociales.
El especialista subrayó que cuando la gente percibe corrupción, la confianza se rompe. Menos confianza significa menos disposición a pagar impuestos, menos inversión y un Estado con menor capacidad para cumplir su función básica. De hecho, datos de la propia OCDE muestran que la integridad de los gobiernos es el principal factor para que la ciudadanía confíe en sus instituciones.
En este contexto, recordó que México forma parte de acuerdos internacionales como la Convención Anticorrupción de la ONU, la Convención Anticohecho de la OCDE, el T-MEC y los compromisos del G20. No son documentos decorativos: implican obligaciones claras, como mejorar la detección y sanción de actos corruptos, compartir información entre autoridades y proteger de verdad a quienes se atreven a denunciar.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de fortalecer la Plataforma Digital Nacional, una herramienta pensada para concentrar información clave y detectar riesgos antes de que se conviertan en escándalos. A esto se suma la urgencia de profesionalizar a los órganos de control y auditoría, para que no dependan de ocurrencias políticas, sino de capacidades técnicas sólidas.
García Villarreal también tocó un tema incómodo pero fundamental: el vínculo entre corrupción y procesos electorales. El financiamiento de campañas y partidos, advirtió, suele ser el origen de muchas prácticas corruptas, por lo que planteó analizar un mayor peso de la fiscalización y la posible participación del INE dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, puso el foco en la contratación pública. Más de la mitad de los casos de cohecho a nivel internacional están relacionados con compras gubernamentales, sobre todo en obra pública y sectores extractivos. La receta, dijo, no es solo castigar después, sino identificar riesgos, prevenir y cerrar espacios donde la corrupción suele colarse.
El mensaje fue claro: la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción no es un ajuste técnico más. Es una decisión de Estado que puede marcar la diferencia entre seguir reaccionando tarde o empezar, por fin, a prevenir un problema que le cuesta caro al país.
