Por Juan Pablo Ojeda
La detención en México de Ryan James Wedding, exdeportista olímpico canadiense acusado de encabezar una poderosa red de narcotráfico, volvió a colocar en el centro del debate la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. El caso no solo destaca por el perfil del detenido, sino por el mensaje político que envía en medio de una agenda binacional marcada por el combate al crimen organizado.
Wedding, quien representó a Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares. De acuerdo con autoridades estadounidenses, lideraba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada a asesinatos en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.
La captura fue confirmada por Kash Patel, director del FBI, y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Ambos coincidieron en subrayar que el arresto fue resultado de una “cooperación exitosa” entre los gobiernos de ambos países, con pleno respeto a la soberanía mexicana. Patel incluso calificó a Wedding como una “versión moderna de Pablo Escobar y de ‘El Chapo’ Guzmán”, en referencia a la magnitud de la red criminal que presuntamente dirigía.
Un elemento clave del caso es que Wedding no fue detenido en un operativo tradicional, sino que se entregó voluntariamente en la embajada de Estados Unidos en México. Harfuch detalló que esta acción ocurrió tras reuniones de alto nivel entre autoridades mexicanas, el FBI y la Fiscalía General de la República, donde se acordó reforzar el intercambio de información y las operaciones conjuntas contra objetivos prioritarios que generan violencia en ambos países.
Las investigaciones señalan que Wedding habría permanecido oculto en México durante más de una década, bajo la protección del Cártel de Sinaloa. Según declaraciones previas de la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, la organización criminal obtenía ganancias anuales superiores a los mil millones de dólares mediante el tráfico de cocaína desde Colombia, pasando por México, hacia Estados Unidos y Canadá.
Para el gobierno mexicano, el caso tiene una lectura política clara: exhibir resultados concretos en materia de seguridad y cooperación internacional, sin ceder control territorial ni jurisdiccional. La entrega y traslado de Wedding a Estados Unidos refuerza la narrativa de corresponsabilidad entre ambos países frente al narcotráfico, en un contexto donde la presión estadounidense sobre México en temas de seguridad sigue siendo constante.
El contraste entre la trayectoria deportiva de Wedding y su presunta carrera criminal también revela una dimensión simbólica: cómo figuras públicas pueden transformarse en actores clave del crimen organizado global. Su caída marca un golpe relevante a una red transnacional y, al mismo tiempo, un mensaje político sobre el alcance de la colaboración bilateral en seguridad.
