Por Bruno Cortés
Cuando se habla de cambio climático, muchas veces parece un tema lejano, de científicos o de reuniones internacionales que no aterrizan en la vida diaria. Pero en realidad, gran parte de lo que México hace —o deja de hacer— frente al calentamiento global pasa por el Congreso. Eso fue justo lo que quedó claro tras la participación de la diputada Nubia Iris Castillo Medina en la COP30, la gran cumbre climática de la ONU realizada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil.
En su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora explicó que la conferencia confirmó algo clave: sin un Poder Legislativo fuerte y preparado, los compromisos climáticos se quedan en buenas intenciones. Las leyes son las que convierten los acuerdos internacionales en acciones concretas, presupuesto, reglas claras y supervisión para que se cumplan. Y hoy, reconoció, México necesita fortalecer esas capacidades legislativas.
La experiencia en la COP30 permitió actualizar información fundamental para el trabajo en San Lázaro. Ahí se discutieron temas que suenan técnicos, pero que tienen impacto directo en la economía y el desarrollo del país, como los mercados de carbono, que buscan ponerle precio a la contaminación; el financiamiento climático, que define cómo llegan recursos para proyectos verdes; y la adaptación, que se refiere a cómo comunidades, ciudades y sectores productivos se preparan para sequías, inundaciones y eventos extremos.
Castillo Medina señaló que uno de los grandes aprendizajes fue identificar oportunidades para armonizar leyes, impulsar acciones climáticas desde estados y municipios y reforzar la política nacional de adaptación. En pocas palabras, que el combate al cambio climático no se quede sólo en el gobierno federal, sino que baje a lo local y se refleje en decisiones cotidianas.
Durante la convención, la diputada participó en encuentros estratégicos con organismos internacionales, gobiernos, agencias de cooperación, empresas y organizaciones civiles. Ese diálogo, explicó, no es sólo protocolario: sirve para intercambiar información técnica, conocer qué están haciendo otros países y abrir la puerta a cooperación y recursos que pueden traducirse en mejores políticas públicas en México.
Otro punto central fue la obtención de insumos especializados para el diseño y actualización de leyes, en especial las relacionadas con mercados de carbono, protección de áreas naturales, mecanismos de financiamiento climático y fortalecimiento de la política de adaptación. Todo esto, dijo, ayudará a mejorar el análisis legislativo, la elaboración de iniciativas y el seguimiento de los compromisos que México ya asumió a nivel internacional.
En sus conclusiones, la legisladora subrayó que la presencia del Congreso en estos espacios multilaterales no es un lujo, sino una necesidad. La COP30 dejó claro que el reto climático exige una agenda legislativa sólida, con visión de largo plazo y capaz de evaluar si las políticas públicas realmente están funcionando. Porque al final, enfrentar el cambio climático no sólo es una cuestión ambiental, sino económica, social y de futuro para el país.
