Por Bruno Cortés
En San Lázaro, donde normalmente se discuten impuestos, presupuestos y reformas, esta vez el foco estuvo puesto en un tema que casi no se ve, pero que ya toca la vida diaria de millones de personas: la ciberseguridad. Especialistas advirtieron que México avanza en el mundo digital sin un marco legal sólido que proteja a instituciones, empresas, datos personales y, en el fondo, la soberanía del país.
Durante el foro “Ciberseguridad: Juventud, Soberanía Digital y Tecnología”, impulsado por la diputada Dolores Padierna Luna, quedó claro que el problema no es menor. Leonardo Morales, experto legal en temas tecnológicos, lo explicó sin rodeos: México está “en pañales” en materia de ciberseguridad. Las leyes actuales se concentran en decir cómo deben usarse los datos personales, pero no en cómo defenderlos cuando son atacados, robados o saboteados. En pocas palabras, hay reglas para manejar la información, pero no un verdadero escudo para protegerla.
Para entenderlo mejor, es como tener normas para guardar dinero en el banco, pero ninguna estrategia clara para evitar robos masivos. En contraste, países europeos ya hablan de “ciberresiliencia”, es decir, no sólo prevenir ataques, sino resistirlos y recuperarse rápido cuando ocurren. En México, ese concepto todavía no está en el centro de la discusión legislativa.
El asunto se vuelve aún más delicado cuando se mira desde la seguridad nacional. María del Carmen García de Ureña, especialista en seguridad de la información, explicó que los ciberataques de gran escala no son simples delitos digitales. Un ataque bien planeado podría afectar sistemas estratégicos, comunicaciones o servicios críticos del Estado, y eso ya entra en el terreno de la defensa nacional. En esos escenarios, la respuesta no sólo recaería en autoridades civiles, sino en áreas especializadas de la Marina y la Defensa Nacional.
Actualmente, la llamada gobernanza digital está en manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que impulsa la modernización tecnológica del gobierno. Pero cuando se habla de ciberdefensa, es decir, de responder a ataques que comprometan al país, la coordinación con las Fuerzas Armadas se vuelve inevitable. El reto, dicen los especialistas, es que esa coordinación todavía no está claramente definida ni respaldada por un marco legal robusto.
A pesar del panorama complicado, el diagnóstico no es pesimista. Los ponentes coincidieron en que México sí tiene talento, ingenieros y especialistas capaces de desarrollar tecnología propia para proteger su infraestructura digital. El problema no es la falta de capacidad, sino la ausencia de una estrategia de Estado que apueste por leyes modernas, inversión sostenida y formación de capital humano especializado.
La urgencia aumenta si se toma en cuenta que México será sede de eventos de alcance mundial, como el Mundial de Futbol de 2026. Esto implica un aumento exponencial en el uso de plataformas digitales, sistemas de información y redes de comunicación, que también se convierten en blancos atractivos para ataques cibernéticos.
El mensaje que dejó el foro en el Congreso es claro: la ciberseguridad ya no es un tema técnico ni exclusivo de expertos. Es una política pública clave que cruza economía, seguridad, soberanía y derechos ciudadanos. Si México no fortalece sus leyes y su estrategia digital, seguirá avanzando en un entorno cada vez más conectado, pero también cada vez más vulnerable.
