Por Juan Pablo Ojeda
El certamen de belleza Miss Universo atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Tras la última edición realizada en Bangkok, la organización quedó envuelta en una cadena de procesos judiciales que incluyen acusaciones de fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras autoridades de Tailandia y México buscan a sus principales directivos.
La controversia se detonó después de la coronación, el pasado 21 de noviembre, de la representante de México, Fátima Bosch. Aunque no se han comprobado irregularidades en su elección, surgieron señalamientos de fraude que abrieron la puerta a una serie de disputas legales que continúan escalando.
En Tailandia se desarrollan dos procesos paralelos. Por un lado, una demanda por difamación contra Bosch, presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo en ese país y también propietario del certamen Miss Grand International. El empresario acusa a la mexicana de mentir al afirmar que él la insultó durante una discusión transmitida en vivo, episodio que se viralizó y por el cual el tailandés ofreció disculpas públicas. Bosch ha reiterado su versión y niega haber difamado, mientras el caso avanza hacia la Fiscalía General por tratarse de una denuncia contra una extranjera.
El segundo frente judicial apunta a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria tailandesa y propietaria del 50 por ciento de Miss Universo. Sobre ella pesa una orden de arresto por presunto fraude financiero, luego de ser acusada de engañar a inversionistas por una suma cercana al millón de euros. Jakrajutatip no se ha presentado a las audiencias y actualmente es considerada prófuga. El caso ha golpeado a su conglomerado JKN Global Group, que será expulsado de la Bolsa de Valores de Tailandia a finales de diciembre.
La crisis adquirió una dimensión aún más delicada en México. Un juez emitió una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y dueño del otro 50 por ciento de la organización. La Fiscalía lo declaró prófugo y le retiró un acuerdo de colaboración como testigo en una investigación por delincuencia organizada relacionada con contrabando de combustibles y armas. Las autoridades lo señalan por presunta dirección y financiamiento dentro de una estructura criminal.
El caso se agrava tras la detención de Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú, identificado como presunto líder de un grupo criminal ligado al narcotráfico. Días después, el empresario anunció el cierre de las oficinas de Miss Universo en México, argumentando que el país no ofrece condiciones de seguridad para operar.
A este escenario se sumó la salida del director ejecutivo del certamen, el excanciller guatemalteco Mario Búcaro, quien dejó el cargo tras menos de dos meses, mientras la empresa reconoce un proceso interno de transición del que no ha dado detalles.
Hasta ahora, ninguno de los propietarios de Miss Universo ha emitido una postura pública sobre las órdenes de detención en su contra. La acumulación de procesos legales y la incertidumbre administrativa han puesto en entredicho la estabilidad y el futuro inmediato de una de las marcas más reconocidas del entretenimiento internacional.
