Por Bruno Cortés
En el Congreso se empezó a mover una idea que, dicho en sencillo, busca cambiar la cancha donde hoy juegan miles de jóvenes en México. La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa para que el deporte deje de verse solo como recreación o competencia y se convierta en una política pública clave para prevenir la violencia, la delincuencia y las adicciones entre niñas, niños y jóvenes.
La propuesta plantea algo muy concreto: crear un Programa Nacional dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte que ponga al deporte y a la actividad física como herramientas centrales de prevención social. La lógica es simple y fácil de entender: si el Estado garantiza espacios deportivos seguros, accesibles y bien organizados, se reducen los riesgos de que las y los jóvenes caigan en entornos violentos o en el consumo de sustancias.
La iniciativa también busca que la ley reconozca formalmente al deporte como un instrumento esencial de prevención y que todas las decisiones se tomen pensando primero en el interés superior de la niñez. No se trata solo de abrir canchas, sino de impulsar políticas públicas que fomenten la práctica constante del deporte, sin discriminación, con igualdad y equidad de género, y en ambientes comunitarios donde la convivencia pacífica sea la regla y no la excepción.
Para que esto no se quede en buenas intenciones, el documento —que ya fue turnado a la Comisión de Deporte— plantea una coordinación amplia entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y varias dependencias federales: Gobernación, Seguridad, Bienestar, Educación, Salud y hasta Hacienda. A esto se sumarían estados y municipios, con la idea de que el programa llegue realmente a los barrios y comunidades donde más se necesita.
El Programa Nacional tendría metas claras: identificar riesgos, definir estrategias, ofrecer programas y servicios en Centros de Desarrollo y usar el deporte como una vía para fortalecer habilidades socioemocionales, prevenir enfermedades y fomentar proyectos de vida alejados de la violencia. Además, se garantizaría que estos servicios sean gratuitos y accesibles para todas y todos.
Un punto clave es que la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte sería la encargada de ejecutar el programa, con personal especializado en áreas como cultura física, psicología, nutrición y trabajo social. También se prevé que haya mesas intersecretariales donde participen funcionarios, sociedad civil y academia, para que las decisiones no se tomen en el vacío.
La diputada subraya que la juventud es uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia y la delincuencia, sobre todo en contextos donde faltan oportunidades educativas, empleo y espacios seguros para convivir. Diagnósticos oficiales muestran que muchos jóvenes están en riesgo tanto de ser víctimas como de involucrarse en delitos, en gran parte por el debilitamiento del tejido social y la falta de alternativas positivas para ocupar su tiempo.
Por eso, la iniciativa apuesta a una visión preventiva y de largo plazo. El programa tendría que revisarse y actualizarse cada año, rendir cuentas ante la Cámara de Diputados y contar con un sistema de evaluación que mida si realmente baja la violencia y mejora la calidad de vida de las y los jóvenes beneficiarios.
En pocas palabras, la propuesta busca que el deporte deje de ser un lujo o un extra y se convierta en una política de Estado: una herramienta eficaz y rentable para construir paz, fortalecer comunidades y ofrecer a la juventud opciones reales para crecer lejos de la violencia y las adicciones.
